Rodrigo Valdivia, abogado y socio grupodefensa.cl
El sistema de pensiones de las AFP ya no resiste mantenerse y sobre eso hay un acuerdo casi transversal en el país. Los trabajadores y trabajadoras ahorran mensualmente un 10% y pagan la comisión de las prestadoras privadas que oscila entre un 0,4 y un 1,2%. Montos que no siempre se condicen con las exiguas pensiones de los chilenos, ni menos con los altos dividendos que perciben estas compañías.
Por otro lado, que el cobro de la comisión se realice sin importar si las administradoras generan o no rentabilidad, es algo que debería ser revisado, ya que la prioridad debe ser resguardar los fondos en las cuentas individuales. Si bien el balance general del sistema en los últimos 40 años dice que las inversiones realizadas por las administradoras han hecho aumentar el ahorro de los cotizantes, esto -en muchos casos- no se ve reflejado en los montos de las pensiones.
Independiente de si estamos o no de acuerdo con la propuesta del Gobierno, el sistema de pensiones chileno necesita una profunda mejora para que las personas mayores reciban jubilaciones dignas, porque algunas deben trabajar hasta los 70 u 80 años para subsistir, gastando un promedio de $62 mil mensuales en medicamentos, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Desarrollo y Caja Los Héroes.
El aumento del 6% en el ahorro previsional tendrá probablemente efectos positivos en el largo plazo, pero también algunas dificultades o coletazos de mediano alcance. Independiente o no de la discusión sobre qué ente administrará dichos fondos o cómo se van a invertir, o si irá directamente a una cuenta individual o será parte de un pilar contributivo y de carácter solidario, no hay duda de que tener más recursos permitiría mejorar las pensiones. Ahí está el corazón de la reforma.
Pero también es cierto que reformas de esta envergadura alimentan los temores respecto a eventuales colapsos económicos o incrementos de la cesantía.
Es probable que el mercado tarde un tiempo en adaptarse a esta nueva realidad. Al recaer el cargo del 6% sobre el empleador, este posiblemente tendrá que destinar más recursos a sus equipos y por ello será más caro contar con dotaciones más altas. Las empresas tardarán un tiempo en ajustar sus presupuestos a esta nueva realidad, aunque eso debiese ocurrir más temprano que tarde.
El pilar solidario del nuevo sistema es su principal característica. Del 16% que ahorrarán los cotizantes, un 2% o 3% irá a un fondo común para mejorar las pensiones de aquellos que nunca ahorraron. Por ejemplo, los trabajadores informales, una cuestión que tiende a despertar críticas, pero que esta reforma no se hace cargo del todo. De hecho, no considera un aspecto clave de la informalidad: las lagunas previsionales.
En Chile, la informalidad oscila entre un 30% y un 40% (no cotizan ni para sí mismos, ni para el sistema). Y este es un punto que debe hacerse presente en el debate.
El presidente de la República ha llamado a que la discusión sea expedita. Evidentemente, la búsqueda de una solución no se puede seguir dilatando. Por otro lado, necesitamos que esta reforma sea bien hecha. Hablamos de enormes cantidades de recursos, que podrían tener un impacto importante en nuestra economía en un período de crisis.
El país requiere de un sistema que esté a la altura del problema. Que el ahorro sea bien administrado, bien repartido y cumpla el objetivo de mejorar significativamente las pensiones de quienes viven en Chile.
Equipo Prensa
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