- Marko Razmilic, Presidente, Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA)
El próximo miércoles la Comisión de Minería y Energía del Senado espera votar en general el denominado proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominada “Royalty Minero”, por la explotación de la minería del cobre y del litio. Se trata de una determinación que se tomará después de organizar dos seminarios internacionales y escuchar en sesión a más de 60 instituciones, en la que como gremio participamos con nuestra visión.
Allí, hicimos un recorrido acerca del positivo impacto que la industria minera ha generado en nuestra zona los últimos 30 años, impulsando nuestra infraestructura portuaria, energética y de tecnologías tales como la desalación de agua, advirtiendo con ello la necesidad de mantener una discusión altamente técnica para evitar un efecto negativo en la inversión, la estabilidad de las empresas proveedoras, empleo e ingresos en todos los sectores encadenados directa e indirectamente.
Siempre hemos dicho que la discusión de nuevos tributos es legítima, pero debemos compatibilizar el objetivo recaudatorio con la sustentabilidad de las inversiones mineras y regiones productoras. No olvidemos que históricamente los tributos mineros se han utilizado para financiar el crecimiento del centro del país, de tradición agraria, versus las zonas productoras, como ocurrió con el salitre. El último ejemplo, es el escaso impacto del impuesto específico a la minería en el presupuesto de la región de Antofagasta, donde la inversión pública efectiva promedio en el período previo al impuesto fue un 3,9% del total nacional y, para el período después del impuesto, fue de un 4,2%. Tampoco corresponde que lo que se sume por impuesto específico de beneficio regional luego sea descontado de los presupuestos sectoriales, como también ha ocurrido en la práctica. ¿En qué benefician los nuevos impuestos a las regiones productoras?
Actualmente, el 52% del Producto Interno Bruto de la Región de Antofagasta es explicado directamente por la minería. Si sumamos las actividades indirectas, nos acercaríamos al 100% del PIB de nuestra región. Asimismo, un 60% de los empleos se vinculan de distinta manera a la minería. La fórmula compensatoria considerada en el proyecto, que aplica un incremento de tasas a medida que los precios aumentan, podría poner en riesgo al menos a grandes compañías mineras que son parte vital del encadenamiento productivo para las regiones mineras.
Esperamos que la Comisión de Minería y Energía del Senado, pueda considerar estos antecedentes a la hora de votar y observar este proyecto. El centralismo mira a las regiones mineras como una vaca lechera en períodos de precios altos. Nuestros congresistas deben pensar y asegurar la sustentabilidad de las inversiones mineras y regiones productoras.
Equipo Prensa
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