Recientemente el Consejo de Defensa del Estado informó que un 52% de las municipalidades del país están siendo investigadas por diversos delitos de corrupción. Hay más de 1.119 causas activas en 260 municipios, un dato muy revelador.

Esta noticia –y tantas otras similares– revelan falta de transparencia y regulaciones insuficientes en los organismos públicos o dependientes del Estado, sobre todo en materia de licitaciones y gasto fiscal.

Hoy ya se cuenta con tecnología capaz de corregir estas situaciones. La digitalización y automatización de este tipo de procesos en el sector empresarial ha permitido el surgimiento de poderosas herramientas que proporcionan total apertura al mercado, utilizando incluso Inteligencia Artificial, promoviendo con ello la libre competencia.

Estas plataformas, además, proveen sistemas de analítica que pueden detectar irregularidades y situaciones que se desvían del estándar confiado.

Será de esperar que la tendencia al uso de estas tecnologías, que se ha dado desde hace un tiempo en la empresa privada, se traslade también al mundo de organismos dependientes del Estado.

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