- No es razonable que un contribuyente no pueda conocer cómo se procesan los datos del reevalúo ni qué criterios definen el valor de su propiedad. No es razonable que el Estado pueda corregir retroactivamente sus errores, pero el ciudadano común no tenga herramientas para detectar los suyos.
En Chile, hablar del impuesto territorial es entrar a un terreno desconocido. Durante años, las contribuciones han operado como un tributo difícil de entender, poco transparente y prácticamente imposible de auditar por parte del contribuyente común. No es casualidad: el propio Servicio de Impuestos Internos (SII) trabaja con un catastro que acumula errores, omisiones y datos desactualizados. Y muy rara vez corrige de motu proprio.
Ese vacío es el que en Póliza Gestión nos propusimos llenar: Por medio de herramientas tecnológicas creada por nosotros buscamos replicar exactamente el método del SII, pero con información independiente. El resultado es una auditoría paralela del impuesto territorial que hoy permite detectar errores masivos —y millonarios— en los cobros que reciben tanto grandes empresas como familias.
No se trata de irregularidades menores. Según los análisis de la compañía, hasta el 20% de los cobros del impuesto territorial podrían estar incorrectos, muchas veces en perjuicio del contribuyente. Hudson ha documentado sobrepagos que suman entre US$ 250 y US$ 500 millones al año, tanto por avalúos mal determinados como por sobretasas aplicadas de manera errónea. Y no es un fenómeno local: la literatura comparada muestra fallas similares en otros países, casi siempre inclinadas a favor del Fisco.
Los errores más comunes no son misteriosos: propiedades mal clasificadas en su “calidad” constructiva, omisión de características que definen el valor, retrasos en información municipal, datos mal traspasados desde conservadores, e incluso la ausencia completa de elementos que forman parte del cálculo oficial. En procesos masivos —millones de propiedades por ciclo— las singularidades desaparecen, y con ellas la precisión.
La consecuencia es evidente: al contribuyente se le cobra un impuesto basado en información defectuosa, y el SII solo revisa cuando alguien reclama con evidencia sólida. Quien no reclama, paga.
Póliza trabaja sobre esa grieta. Su modelo consiste en tres pasos: auditar, demostrar el error y solicitar al SII la corrección del catastro junto con la devolución de pagos indebidos de los últimos tres años —el máximo que permite la ley—. Y como sus honorarios son a éxito, la empresa solo cobra si efectivamente logra bajar el avalúo o recuperar dinero. Eso, además, nos obliga a tomar solo casos técnicamente defendibles.
Los resultados ya son cuantiosos: ahorros de miles de millones de pesos en el último año, recuperaciones retroactivas de gran tamaño y modificaciones de avalúos que han cambiado por completo la carga tributaria de edificios, terrenos agrícolas, proyectos logísticos y viviendas. En 2025, solo entre sus clientes, Póliza reporta más de 5.000 millones de pesos en ahorros.
Una propiedad mal catastrada hoy puede transformarse en un salto brutal de contribuciones mañana.
La discusión ya no es únicamente técnica. Es política. En un impuesto que afecta a millones de hogares, no es razonable que el cálculo sea una “caja negra”.
No es razonable que un contribuyente no pueda conocer cómo se procesan los datos del reavalúo ni qué criterios definen el valor de su propiedad. No es razonable que el Estado pueda corregir retroactivamente sus errores, pero el ciudadano común no tenga herramientas para detectar los suyos.
La pregunta de fondo es simple y urgente:
Si la ciudadanía necesita una auditoría paralela para asegurarse de que sus contribuciones están bien calculadas, ¿qué dice eso del impuesto territorial en Chile?
Equipo Prensa
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