Felipe Miranda Rendic, country manager Logisfashion Chile
El paro de camioneros en Valparaíso se suspendió. Los gremios aceptaron esperar veinte días por una respuesta del Gobierno, y esos veinte días ya están corriendo. Pero la calma es frágil: en el Bío Bío el 20% de la flota ya dejó de circular por insolvencia, y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones declaró alerta total en todo Chile. El problema no espera.
Aun así, lo que siguió fue predecible: la discusión pública se concentró en el precio del diésel, en los subsidios pendientes, en si los camioneros tenían o no razón para parar. Son preguntas legítimas. Pero casi nadie está haciendo la más importante: ¿por qué necesitamos un paro para hablar de esto?
Detrás del medicamento en la farmacia, de la marraqueta en la panadería y del pedido que llega a tu puerta hay un sistema que funciona tan bien que aprendimos a no verlo. Cuando funciona, nadie lo ve. Que no lo veamos significa que funciona.
El problema es que esa invisibilidad nos acostumbra a no pensar el sistema. Y lo que no se piensa, no se mejora. Nos volvemos ciegos a cómo se construyen las tarifas, a cómo se reparten los shocks, a quién absorbe el costo cuando algo falla. Hasta que el sistema cruje.
Y entonces la invisibilidad se rompe de golpe en el precio de la cuenta del supermercado, en el despacho que llega más caro, en el kilo de papa que subió sin explicación aparente.
Y cuando se tensa, alguien paga: el camionero al que se le hace demasiado caro salir a trabajar, el emprendedor que no puede despachar su pedido, la familia que hace la misma compra por más plata. El último eslabón siempre llega al hogar. Y sin embargo, el consumidor nunca se sienta en la mesa donde se discuten estas cosas.
El problema es estructural. En Chile no existe un mecanismo que permita distribuir de forma ordenada el impacto cuando el precio del combustible se dispara. No hay un marco común que entregue certidumbre a transportistas, operadores ni a quienes contratan sus servicios. Cada actor enfrenta el shock por su cuenta. Y la suma de esas respuestas individuales siempre termina en el mismo lugar: en el bolsillo de quien compra.
Otros países lo resolvieron de otra manera. España tiene desde 2009 un mecanismo legal que ajusta las tarifas de transporte cuando varía el precio del combustible. Lo fortaleció en 2022 con la guerra en Ucrania y lo actualizó este año, mediante decreto, con la presión de Medio Oriente. Cada vez lo hizo de la mano del sector, no sobre él. No es un subsidio ni un parche: es institucionalidad construida entre todos para responder con agilidad cuando el mundo se sacude. Chile no tiene nada equivalente.
Los veinte días pueden usarse para destrabar este episodio y volver a no pensar el tema. O como punto de partida para una conversación que incluya a todos los actores y que no se cierre cuando el precio del combustible se estabilice.
Veinte días no alcanzan para construir una institucionalidad. Sí alcanzan para decidir que la queremos. Lo que no podemos seguir haciendo es esperar el próximo paro para volver a tener esta conversación.
La cadena que sostiene el abastecimiento de millones de personas es una excepción que hemos ganado con décadas de buen funcionamiento. No la demos por garantizada. Las excepciones, cuando no se cuidan, se pierden.
Equipo Prensa
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