La discusión sobre seguridad privada en Chile ha estado marcada por una ambigüedad persistente que hoy resulta insostenible. Mientras el marco legal define la labor del guardia como una actividad preventiva, coadyuvante y orientada a la protección de bienes patrimoniales, la realidad en las calles y recintos muestra un escenario completamente distinto.
Día a día, vemos cómo guardias de seguridad detienen a personas en flagrancia, enfrentan delincuentes armados, contienen situaciones de violencia y gestionan emergencias críticas en espacios de alta concurrencia como centros comerciales y estaciones de transporte público.
La desconexión entre la ley y la calle
El problema fundamental no es la falta de regulación, sino que se legisló para una seguridad patrimonial, mientras en la práctica se opera con una seguridad de intervención. Esta disociación genera una enorme inseguridad jurídica para quienes trabajan en el rubro, dejándolos expuestos a riesgos crecientes sin un respaldo normativo proporcional.
La paradoja del Estado
Existe una postura institucional titubeante: por un lado, se exige que la seguridad privada sea solo un apoyo pasivo; por otro, la sociedad y el Estado critican duramente cuando los guardias se abstienen de intervenir ante un delito. En la práctica, se privatiza el riesgo, pero se socializan las deficiencias del sistema. Se exige más de lo que se reconoce legalmente y se reconoce menos de lo que realmente se necesita.
La necesidad de dotar de herramientas reales
Si la realidad indica que la seguridad privada es la primera línea de defensa, la única alternativa coherente es dotar a este sector de un marco normativo acorde. Esto no significa «policializar» la seguridad, sino alinear medios con funciones: no se puede exigir intervención sin habilitar capacidades.
La discusión sobre la incorporación de medios de protección adecuados y el uso de tecnologías de prevención deja de ser ideológica para convertirse en una necesidad técnica. Todo esto, por supuesto, debe ir acompañado de una regulación estricta, transparencia y supervisión estatal efectiva.
En Previsegur Chile, somos plenamente conscientes de esta realidad. Por ello, apostamos por la capacitación constante de nuestros Guardias de Seguridad, dotándolos no solo de la acreditación OS10, sino de protocolos claros de actuación, respaldo legal y supervisión técnica en terreno, para que puedan operar con seguridad y eficiencia en el complejo escenario actual.
Equipo Prensa
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