En Chile, uno de los principales desafíos en la gestión de suelos contaminados es avanzar hacia un marco regulatorio que entregue criterios claros para investigar, evaluar y gestionar sitios potencialmente contaminados. Más que reducir la discusión a establecer un número o una concentración máxima de determinados contaminantes, el desafío es contar con una metodología de investigación que permita determinar, caso a caso, la existencia de riesgos y las medidas necesarias para gestionarlos.
“El Proyecto de Ley Marco de Suelos (Boletín N.º 14.714-01), actualmente en discusión en el Congreso, abre una oportunidad para avanzar en esta dirección, estableciendo un marco que permita abordar de manera sistemática la protección, gestión y recuperación de los suelos. En materia de contaminación, el desafío será que este marco permita desarrollar criterios y procedimientos técnicamente sólidos para investigar los sitios y determinar los riesgos existentes, evitando que la gestión dependa exclusivamente de valores numéricos generales”, explica José Manuel Bellalta, gerente general de Grupo GB CINCO.
Este enfoque supone entender que una misma concentración de un contaminante puede representar riesgos diferentes dependiendo de variables como las características del suelo, el uso actual o futuro del terreno, las vías de exposición, la cercanía de aguas superficiales o subterráneas y la presencia de comunidades o ecosistemas potencialmente afectados. Por ello, la regulación debiera establecer procedimientos estandarizados para levantar antecedentes, caracterizar los sitios, construir modelos conceptuales, evaluar riesgos y, cuando corresponda, definir objetivos y estrategias de remediación.
“Una metodología clara y técnicamente sustentada permitiría fortalecer las líneas de base y la evaluación de proyectos en el SEIA, orientar adecuadamente los planes de cierre y establecer criterios objetivos para determinar cuándo un sitio requiere intervención y qué nivel de remediación resulta adecuado”, agrega Bellalta.
El cambio de paradigma consiste, por tanto, en pasar de una lógica centrada exclusivamente en el cumplimiento de valores numéricos a un sistema basado en investigación, evidencia y evaluación de riesgo. “Esto permitiría abordar los pasivos ambientales con criterios técnicamente defendibles, entregar mayor protección a las personas y los ecosistemas y, al mismo tiempo, reducir incertidumbres para el desarrollo de proyectos e inversiones”, señala el gerente general de Grupo GB CINCO.
Equipo Prensa
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