Talcahuano, 19 de octubre de 2026.- Proteger el océano y potenciar el empleo pesquero son objetivos compatibles. Con esa premisa, el Personal Embarcado Industrial del Biobío invita a debatir la ampliación de las áreas protegidas en Juan Fernández y las islas Desventuradas, considerando sus consecuencias para las tripulaciones y el desarrollo regional. Los trabajadores advierten que prohibiciones extensas de captura podrían limitar la actividad productiva sin una evaluación que, a su juicio, considere suficientemente sus efectos laborales y económicos.
El Ministerio del Medio Ambiente informó el 10 de marzo de 2026 que la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros contemplaba 193.998 km² para Mar de Juan Fernández II y 143.323 km² para Nazca Desventuradas II. Los decretos fueron posteriormente retirados de Contraloría para revisar sus estándares técnicos y jurídicos, según explicó el ministerio.
Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Patrones de Pesca del Biobío y miembro del Personal Embarcado Industrial, señaló: “Nosotros, como parte del personal embarcado, que tenemos caladeros históricos en esa zona, decimos que las cosas se pueden hacer, pero se deben hacer de manera integral; los intereses de todos deben ser considerados. Se puede proteger y a la vez también permitir la operación de la flota pesquera, tanto artesanal como industrial, considerando que las regulaciones en el tema del jurel son bastante exigentes y las cumplimos todas”.
“Trabajamos con una especie que es altamente migratoria y que contempla, a través de la investigación científica, cuotas anuales, y eso es lo que nosotros estamos defendiendo. Hay que considerar que estas medidas deben contemplar los intereses económicos, sociales, científicos y del país en general, no de una comunidad en específico”, agregó.
Sobre la presencia de la flota en esas aguas, sostuvo: “Además, la operación pesquera también tiene que ver con el resguardo de la soberanía en zonas donde llega muy poco la autoridad. Nosotros somos también parte del resguardo de la soberanía en esas zonas que están al límite de nuestra zona económica exclusiva”.
En paralelo, Subpesca propuso ante la Comisión de Pesca del Senado una zona de múltiples usos como alternativa a la ampliación de los parques. El planteamiento, difundido el 1 de octubre, consideró el empleo y los cambios en la distribución del jurel y la albacora.
La categoría de protección es decisiva: la Ley 21.600 prohíbe la explotación comercial de recursos naturales en parques nacionales, mientras permite actividades sustentables en áreas de conservación de múltiples usos, compatibles con sus objetivos ambientales. Para los trabajadores, esa diferencia exige evaluar alternativas antes de prohibir capturas.
Chile cuenta con 43% de sus aguas jurisdiccionales bajo algún esquema de protección, según el documento 2026–2027 de Directemar. Juan Fernández ya dispone de un área de múltiples usos ampliada en 2018 a aproximadamente 24.000 km² y de un parque marino de 262.000 km², creado ese mismo año.
La discusión tiene especial relevancia para el Biobío. En julio de 2026, la pesca industrial desembarcó 132.099 toneladas, equivalentes al 90,8% del desembarque regional del mes, según cifras provisionales del INE. Estos datos dimensionan la actividad, pero no cuantifican el impacto de la ampliación. Los trabajadores plantean identificar las capturas en los sectores propuestos y los efectos de restringirlas sobre tripulaciones, plantas procesadoras y servicios asociados.
Eric Riffo, presidente del Sindicato de Motoristas, señaló: “Respecto a las áreas protegidas, sin duda es importante protegerlas; sin embargo, hay que tener cuidado en no exagerar dichas medidas, ya que pueden afectar nuestras actividades marítimas. Prohibir siempre es lo más fácil, pero aquí se deben considerar aspectos que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país. En materia pesquera nos estamos auto infligiendo un problema mucho mayor, considerando que corremos el riesgo de perder competitividad ante los principales países pesqueros que son nuestra competencia directa”.
Las consecuencias laborales y económicas también han sido abordadas en otros países. Australia entregó 9,47 millones de dólares australianos mediante su programa de asistencia de 2019 a pescadores comerciales elegibles afectados por nuevas reglas en parques marinos. Para cambios posteriores en su red del sudeste, abrió otra convocatoria basada en registros históricos de captura. Estos apoyos no equivalen a compensaciones individuales para todos los tripulantes.
Canadá incorpora evaluaciones socioeconómicas al establecimiento de áreas protegidas bajo su Ley de Océanos, considerando costos, beneficios, empleo, ingresos y valor de los desembarques. Ambas experiencias ofrecen herramientas para evaluar y abordar las consecuencias de las restricciones pesqueras.
La ampliación responde también a una demanda de la comunidad insular y busca conservar montes submarinos, ecosistemas de alto endemismo y corredores de especies migratorias, según el Ministerio del Medio Ambiente. El Personal Embarcado Industrial pide incorporar a quienes dependen del mar para trabajar: proteger el patrimonio marítimo de Chile y aprovecharlo de manera sustentable deben formar parte de una misma política de desarrollo.
Equipo Prensa
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