Cuando la urgencia económica pone a prueba al Estado

Patricio Muñoz Montenegro Académico Facultad de Economía y Negocios Universidad Andrés Bello.  

El retiro del proyecto de ley que buscaba limitar el alza de los combustibles, a menos de 24 horas de su ingreso al Congreso ocurre en medio de un paro de camioneros, con transportistas que enfrentan fuertes aumentos de costos por el sostenido alza de este, una inflación que presiona el bolsillo de las familias y una economía que prácticamente no crece y, sumado a esto, un desempleo que se apropia de las dos cifras.

Desde las políticas públicas, este escenario obliga a revisar cómo debe actuar el Estado cuando enfrenta problemas que requieren respuestas urgentes, pero que no tienen soluciones simples.  Lo primero es entender que estamos frente a problemas relacionados entre sí, ya que el aumento del petróleo encarece el transporte y la producción, presiona los precios y reduce el poder adquisitivo de las familias. Además, si a eso le sumamos una actividad económica debilitada, con muchas dificultades para invertir y contratar trabajadores por parte de las   empresas, es un escenario particularmente complejo, porque las medidas destinadas a aliviar una dificultad pueden terminar agravando otra, generando la tormenta perfecta.

Aquí la responsabilidad del Gobierno es fundamental, no porque pueda controlar el precio internacional del petróleo, sino porque le corresponde anticipar escenarios, formular alternativas, evaluar sus costos y coordinar a las instituciones. Los ministerios de Hacienda, Energía, Transportes, Economía y Desarrollo Social deben actuar con objetivos compartidos, mientras el Congreso cumple su función legislativa y el Banco Central mantiene su responsabilidad autónoma sobre la estabilidad de precios.

Retirar un proyecto para corregirlo no es necesariamente un error, ya que las políticas públicas deben poder revisarse y eventualmente corregirse, lo que sí complejiza el escenario es cuando una iniciativa se presenta con discusión inmediata y se retira al día siguiente, y la pregunta es evidente, ¿existió suficiente coordinación y evaluación antes de su ingreso? En momentos de crisis, estas decisiones también transmiten señales a los sectores productivos y a la ciudadanía.

En lo inmediato, el Gobierno dispone de instrumentos que Chile ya ha utilizado frente a crisis similares. El MEPCO, por ejemplo, permitió amortiguar importantes alzas de los combustibles durante 2022, reintegros parciales del impuesto específico al diésel para transportistas de carga, subsidios para contener las tarifas del transporte público y mecanismos de financiamiento como FOGAPE, que ayudaron a sostener la liquidez y el empleo de pequeñas empresas durante la pandemia. No se trata de repetir estas medidas sin evaluar sus costos, sino de aprovechar esa experiencia para diseñar apoyos transitorios, focalizados y fiscalmente sostenibles.

Pero también hay que abordar el problema de fondo, recuperar la inversión, facilitar la actividad productiva y generar condiciones para que las empresas vuelvan a crecer y contratar trabajadores. Las políticas públicas no pueden limitarse a reaccionar cuando el problema ya está instalado, las autoridades de turno están llamados a mantener diagnósticos actualizados, planificar escenarios, fortalecer la coordinación institucional, asegurar el financiamiento y evaluar el resultado de sus decisiones.

Al final, gobernar en tiempos difíciles no significa tener una respuesta inmediata para todo, sino contar con instituciones capaces de construir respuestas oportunas, técnicamente fundadas y sostenibles.Porque cuando la economía se debilita, el costo de una mala decisión pública también termina pagándolo la ciudadanía.