Edgardo Fuentes, director de Ingeniería en Ciberseguridad de la Universidad Andrés Bello (UNAB)
Edgardo Fuentes, UNAB
  • La eliminación progresiva de la tarjeta de coordenadas por parte de los bancos en Chile no es un simple gesto de modernización, sino una respuesta directa a un escenario donde la digitalización financiera y el fraude electrónico crecen en paralelo. Chile es hoy uno de los países más bancarizados de América Latina: distintos estudios sitúan la bancarización adulta entre un 87% y un 90%, lo que implica que millones de personas dependen cotidianamente de cuentas, tarjetas y aplicaciones para administrar su dinero. Esta masificación, sin embargo, también ha convertido al sistema financiero en un blanco atractivo para el cibercrimen. Solo en 2023 se registraron más de 250 mil denuncias por fraudes bancarios, con montos que superaron los US$ 350 millones, y durante el primer semestre de 2024 las denuncias siguieron creciendo, confirmando que el fraude digital ya no es una excepción, sino una amenaza constante dentro del ecosistema financiero.

En este contexto, la tarjeta de coordenadas -un mecanismo estático, físico y fácilmente vulnerable a engaños- comienza a quedar obsoleta frente a amenazas cada vez más sofisticadas como el phishing, el malware bancario y la suplantación de identidad. El tránsito hacia aplicaciones móviles, doble autenticación y biometría responde a la necesidad de contar con sistemas dinámicos, capaces de adaptarse al comportamiento del usuario y al contexto de cada transacción. Este camino no es improvisado: responde a estándares internacionales ampliamente adoptados por la banca global. Entre ellos destaca la Autenticación Reforzada de Clientes (SCA), impulsada en Europa por la normativa PSD2, que exige validar las operaciones utilizando al menos dos factores distintos: algo que el usuario sabe, algo que posee o algo que es, reduciendo significativamente el impacto del robo de contraseñas.

A este proceso de modernización se suman marcos de seguridad internacionales que hoy sostienen gran parte de la banca digital. Uno de ellos es PCI DSS, un estándar obligatorio para todas las instituciones que procesan pagos con tarjetas, que fija reglas estrictas para proteger los datos financieros y reducir el fraude. Otro es ISO/IEC 27001, que no se centra en una tecnología específica, sino en la gestión integral de la seguridad de la información, obligando a las organizaciones a identificar riesgos, proteger credenciales y mejorar continuamente sus sistemas frente a nuevas amenazas. De manera menos visible para el usuario, pero cada vez más relevante, surgen también estándares como FIDO2, cuyo objetivo es disminuir la dependencia de las contraseñas tradicionales, uno de los puntos más débiles de la seguridad digital. En la práctica, esto se traduce en experiencias simples y cotidianas, como aprobar una transferencia desde el celular o autenticarse con la huella o el reconocimiento facial, sin memorizar múltiples claves. Detrás de esa aparente simplicidad existe un modelo de seguridad más avanzado, donde la validación ocurre dentro del propio dispositivo del usuario y no mediante datos que se envían por internet, reduciendo significativamente las posibilidades de robo o suplantación de identidad.

Estas tecnologías permiten además incorporar mejoras impensadas en la era de la tarjeta de coordenadas: claves dinámicas de un solo uso, alertas y validaciones en tiempo real, análisis de comportamiento y sistemas antifraude basados en inteligencia artificial que pueden bloquear operaciones sospechosas en segundos.

No obstante, este avance tecnológico también redefine el concepto de seguridad y deja en evidencia un punto clave: la seguridad bancaria ya no es solo responsabilidad del banco. El teléfono móvil se ha transformado en la principal llave de acceso a nuestras finanzas, y su mal uso puede debilitar cualquier sistema, por avanzado que sea. Mantener los dispositivos actualizados, descargar aplicaciones solo desde fuentes oficiales, activar bloqueos biométricos, no compartir claves ni códigos de verificación y desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten información personal son cuidados básicos, pero fundamentales. Adaptarse a estos nuevos mecanismos también implica comprender que la seguridad moderna es, muchas veces, invisible y preventiva.

En un país altamente bancarizado y con cifras crecientes de fraude digital, la eliminación de la tarjeta de coordenadas no es un retroceso ni un riesgo innecesario, sino una adaptación inevitable a un entorno más complejo y globalizado. La verdadera protección no está en un solo método, sino en la combinación de tecnología, regulación y usuarios informados, entendiendo que la ciberseguridad no es un estado final, sino un proceso continuo donde todos tenemos un rol que cumplir.

 

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