- Chile enfrenta nuevamente un problema preocupante con un desempleo cercano a los dos dígitos. En mayo-julio la tasa de desocupación alcanzó 9,5%, 0,8 puntos más que un año antes, mientras los ocupados cayeron 0,2%. Más inquietante aún, quienes buscan trabajo por primera vez aumentaron 20,9%. Nuestro país está teniendo dificultades para incorporar nuevos trabajadores al mercado laboral.
Frente a este escenario, el Gobierno prepara un contrato a prueba, mayor polifuncionalidad, bandas horarias flexibles, trabajo híbrido y contratos de aprendizaje. La dirección general es correcta. La discusión laboral suele asumir que mejorar las condiciones de quienes ya tienen empleo equivale necesariamente a mejorar el mercado laboral. No siempre es así.
Existe una diferencia fundamental entre proteger un puesto de trabajo y proteger al trabajador. Si la regulación eleva demasiado el costo esperado de contratar, las empresas pueden contratar menos, sustituir trabajadores por tecnología, recurrir a informalidad o postergar proyectos. Normas diseñadas para proteger pueden terminar perjudicando a quienes intentan ingresar al empleo formal.
Por eso un contrato a prueba tiene sentido, especialmente para jóvenes y personas sin experiencia: reduce la incertidumbre de contratar y permite observar capacidades que un currículum difícilmente revela. El contrato de aprendizaje responde al mismo problema: exigimos experiencia para acceder a un empleo, pero se necesita empleo para adquirirla.
También es razonable ampliar la flexibilidad horaria, el trabajo híbrido y la polifuncionalidad. Para quienes tienen responsabilidades de cuidado, estudian o viven lejos del trabajo, la rigidez horaria puede ser una barrera relevante. Para empresas pequeñas, una mayor adaptabilidad puede reducir costos y facilitar ajustes ante cambios en la demanda.
Pero flexibilizar no significa desregular. Un período de prueba demasiado extenso puede transformarse en rotación barata; la polifuncionalidad sin límites, en indefinición de funciones; y la flexibilidad horaria, en disponibilidad permanente. Se requieren reglas claras.
La indemnización a todo evento también debe evaluarse con cuidado. Un sistema portable puede favorecer la movilidad laboral y reducir el incentivo a permanecer en un empleo poco productivo solo para conservar una indemnización potencial. Pero si agrega nuevos costos relevantes a la contratación formal, podríamos corregir una distorsión creando otra.
Hay, además, un problema que estas reformas no pueden resolver: una economía débil. El Imacec de julio cayó 1,5% anual y el componente no minero retrocedió 0,3%. Si las empresas no esperan vender, producir o invertir más, será difícil generar empleo, por flexible que sea la legislación. La informalidad, que alcanza 26,5%, también recuerda que encarecer el empleo formal puede empujar trabajadores hacia relaciones laborales de peor calidad.
Las medidas van, por tanto, en una dirección razonable, pero no bastan para llevar rápidamente el desempleo a 6,5%. Chile necesita reducir el riesgo de contratar, facilitar la entrada de jóvenes y promover movilidad laboral, pero también recuperar inversión, productividad y crecimiento.
El empleo no se crea por decreto. Lo crean empresas que invierten porque esperan crecer. Una reforma laboral puede remover obstáculos; sin una economía dinámica, podremos tener contratos más flexibles y seguir sin tener suficientes contratos que firmar.
Equipo Prensa
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