Chile se está ahogando en basura. Anualmente generamos 436 kgs de residuos domésticos per cápita, cifra que crece sin posibilidad de que disminuya en el corto plazo. Este aumento exige la gestión de un masivo sistema de recolección y disposición, el cual en el mejor de los casos termina en rellenos sanitarios y en muchos casos en vertederos ilegales o basurales.
En los últimos años se han logrado avances en la materia, tales como la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) o la prohibición de productos como bolsas o botellas plásticas. Sin embargo, la implementación de esta ley ha sido lenta y sus efectos apuntarán principalmente al reciclaje, además de que no considera a los residuos orgánicos.
Chile necesita una Ley de Residuos Orgánicos. Actualmente contamos con un instrumento útil para iniciar esta discusión: la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO). Sin embargo, la ausencia de leyes en la materia pone límites a su implementación en el corto plazo.
Esto es grave, ya que el 59% de los residuos domiciliarios corresponden a orgánicos, los cuales hoy son considerados “basura”, generando una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales, agudizando la crisis climática y ecológica.
Frente a la urgencia, la primera medida de una ley debe ser establecer una meta clara y ambiciosa de valorización. La ENRO establece metas de 40% y 66% para los años 2030 y 2040. Si bien son números interesantes para considerar, creemos que podemos reducir los plazos. Esto puede sonar descabellado, pero no debemos tener miedo de ponernos metas que hoy parecen inalcanzables, como demuestra la experiencia de la ley de fomento a las Energías Renovables no Convencionales, cuya meta fue alcanzada 5 años antes de lo estipulado.
Otro aspecto fundamental es la creación de regulación específica para facilitar la disposición de residuos orgánicos. Hoy en día, la construcción de plantas de tratamiento deben cumplir las mismas exigencias que se imponen a los rellenos sanitarios, lo que complejiza su instalación al ser procesos muy distintos. No podemos continuar pidiendo a los proyectos comunitarios sin fines de lucro requisitos tan exigentes como los demandados a las empresas. Sólo de esta forma liberaremos el enorme potencial que tienen las iniciativas de las comunidades en cada territorio.
El desarrollo de un sistema nacional de disposición de residuos es una oportunidad gigantesca para avanzar en la descentralización, tanto a nivel regional como comunal. Una propuesta especialmente efectiva para avanzar en esta materia es reformar la manera en que el tema es tratado en la Ley Orgánica de Municipalidades. Este cuerpo legal otorga la atribución de “extraer la basura” a la respectiva Dirección Municipal. Hasta ahora, dicha facultad se ha ejercido sin distinguir lo que implica la gestión de residuos en el contexto actual de crisis climática y ecológica. Por ello, se debe complejizar dicha tarea con el reconocimiento explícito de sistemas diferenciados de tratamiento de residuos según categoría, incluyendo los orgánicos.
Finalmente, tenemos la convicción de que establecer medidas ambiciosas como las propuestas en esta columna, es el camino para desatar la innovación y acción comunitaria de la ciudadanía para luchar contra la crisis climática. Decidir de forma democrática una meta impondrá obligaciones de financiamiento al Estado, así como el crecimiento de la floreciente comunidad que trabaja en torno a la disposición de residuos. Una Ley de Residuos Orgánicos es necesaria y urgente, hoy y no mañana.
Equipo Prensa
Portal Innova
