Por Ximena Inyelco, Gerente de Sector Público de Pluxee Chile
Solo el 49% de los trabajadores recomendaría a su organización como un buen lugar para trabajar, según el Índice de Bienestar y Felicidad Laboral 2025 de Pluxee y The Happiness Index. La cifra muestra una brecha entre los esfuerzos que hacen las organizaciones por fortalecer el bienestar y el valor que esas iniciativas generan realmente en la vida cotidiana de las personas.
En el sector público, esta discusión tiene una dimensión adicional. Las instituciones no solo deben definir qué beneficios entregar a sus funcionarios, sino también cómo administrarlos de manera eficiente, con cobertura, trazabilidad y capacidad de responder a realidades distintas entre servicios y territorios. Cuando se trata de recursos públicos, esa gestión también forma parte del buen uso de los recursos disponibles.
La pregunta, entonces, ya no es solo cuánto se destina a beneficios, sino cuánto de esa inversión se transforma realmente en valor para quienes los reciben. Porque una política puede verse bien en el papel y, sin embargo, perder fuerza en algo tan básico como el uso cotidiano. El beneficio tiene que estar disponible, ser fácil de utilizar y responder a la realidad de las personas.
Un beneficio de vestuario o calzado para funcionarios públicos grafica bien esta idea. No basta con asignar un monto o disponer de una red de comercios. Para que tenga valor, debe ofrecer alternativas adecuadas, estar disponible donde las personas necesitan utilizarlo y permitir que la institución pueda administrarlo sin agregar complejidad innecesaria.
La incorporación de este tipo de soluciones a mecanismos de contratación pública, como el Convenio Marco de Administración y Entrega de Beneficios, abre una oportunidad para mirar el beneficio más allá de su adquisición. La discusión pasa también por cómo se implementa, qué cobertura ofrece, qué información entrega a la institución y qué capacidad existe para gestionar incidencias durante su operación.
Porque una vez que los beneficios comienzan a operar aparecen situaciones que difícilmente se ven en el papel: cambian los usuarios, surgen incidencias, varían las necesidades o el organismo público requiere información para saber qué está ocurriendo. Es ahí donde la gestión deja de ser un asunto meramente administrativo y pasa a formar parte tanto de la experiencia de quien recibe el beneficio como de la eficiencia con que la institución administra sus recursos.
Administrar bien un beneficio también significa saber dónde aparecen brechas, qué problemas se repiten y cómo evolucionan las necesidades de sus usuarios. Esa información permite corregir, ajustar y tomar mejores decisiones.
Para las instituciones públicas, esto supone también cambiar la manera de evaluar estas soluciones. No basta con saber que el beneficio fue contratado, que existe una red o cuántas personas lo reciben. La pregunta relevante es si está funcionando como fue pensado.
Porque una buena decisión de compra no termina con la adjudicación. Se valida cuando aquello que se contrató cumple efectivamente el objetivo para el cual se destinaron esos recursos.
Equipo Prensa
Portal Innova
