Por Yass Abarca, socia directora de Estrategia y Expansión de Rabbitts Capital.
El mercado inmobiliario chileno comienza a mostrar señales de recuperación, pero persiste una pregunta: ¿esta reactivación está permitiendo que más mujeres accedan efectivamente a una vivienda o beneficia principalmente a quienes ya cuentan con capacidad financiera para invertir?
Durante el tercer trimestre de 2026, las ventas de viviendas en la Región Metropolitana aumentaron 10% respecto del trimestre anterior, pero disminuyeron 10% frente al mismo período de 2025. Hay mayor movimiento comercial, aunque todavía es prematuro hablar de una recuperación consolidada o de una mejora generalizada en el acceso.
Esta diferencia resulta especialmente relevante al observar la participación femenina. Según antecedentes sectoriales de PROurbe, las mujeres lideraron el 41,3% de las transacciones inmobiliarias durante 2025. Sin embargo, este protagonismo convive con una brecha financiera: de acuerdo con datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), recogidos en el Estado de la Hacienda Pública 2025, durante 2024 existían 77 mujeres deudoras de créditos hipotecarios por cada 100 hombres.
Las cifras reflejan una realidad: las mujeres han ganado espacio en las decisiones patrimoniales, pero todavía enfrentan barreras para acceder al financiamiento.
El problema no es solamente cuánto cuesta una vivienda, sino quién puede financiarla
Reunir el pie, acreditar ingresos estables, mantener un endeudamiento compatible y cumplir las exigencias bancarias son obstáculos determinantes. En septiembre de 2026, la tasa promedio de los créditos hipotecarios se situó en torno al 4,1%, según el Banco Central. Sin embargo, esta referencia no garantiza las mismas condiciones para todos: el historial financiero, los ingresos y la capacidad de endeudamiento siguen definiendo el acceso.
En este escenario, no existe un único perfil de compradora. Por una parte, están las mujeres que buscan su primera vivienda y que deben compatibilizar ingresos individuales, ahorro y responsabilidades económicas familiares. Por otra, crece el interés de quienes ven la inversión inmobiliaria como una herramienta para diversificar patrimonio, generar rentas y alcanzar autonomía financiera.
En este último segmento observamos interés por departamentos de entre 2.600 y 6.000 UF, principalmente en comunas consolidadas como Santiago, Ñuñoa, Macul, Estación Central y La Florida. Los proyectos de entrega futura atraen por sus condiciones comerciales y beneficios asociados a la compra anticipada, mientras que la entrega inmediata representa una alternativa para quienes buscan generar rentas en plazos más acotados. En regiones también aparecen oportunidades vinculadas al arriendo y la renta de corta estadía.
La decisión depende del capital disponible, la conectividad, la rentabilidad proyectada y el horizonte financiero de cada compradora. Adquirir una vivienda para habitarla no responde a los mismos criterios que construir un portafolio de inversión.
¿Han sido suficientes las medidas impulsadas por el Gobierno?
La ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria y de FOGAES, que elevó hasta 6.000 UF el valor máximo de las viviendas nuevas elegibles y amplió los cupos a 80.000, representa un avance para facilitar el financiamiento. Sin embargo, estos instrumentos no resuelven por sí solos las barreras estructurales: las compradoras siguen sujetas a la evaluación de las instituciones financieras, sus exigencias de ahorro y la acreditación de ingresos.
Una mujer puede encontrar una propiedad dentro del rango permitido y contar con ingresos para pagar un dividendo, pero quedar fuera del sistema por no reunir el pie o no acreditar renta suficiente. Por eso, las políticas públicas no deberían limitarse a estimular la demanda, sino considerar las condiciones económicas de quienes buscan comprar, especialmente de aquellas que enfrentan trayectorias laborales menos continuas y responsabilidades de cuidado.
Nuestro escenario apunta a una recuperación selectiva, impulsada por incentivos y condiciones comerciales de determinados proyectos. La disminución del stock podría reducir los descuentos en algunos segmentos, mientras otros seguirán necesitando condiciones atractivas para concretar ventas.
El verdadero indicador de recuperación inmobiliaria no debería ser solamente cuántas propiedades se venden o cuánto disminuye el inventario. También debemos observar cuántas personas que antes estaban fuera del mercado hoy pueden comprar y, particularmente, cuántas mujeres están logrando convertirse en propietarias.
La autonomía financiera femenina requiere más que participación en las decisiones de inversión: necesita acceso efectivo al financiamiento y a las oportunidades para construir patrimonio. Porque una recuperación que no amplía las posibilidades de acceso puede dinamizar el mercado, pero difícilmente resolverá una de las principales brechas económicas que enfrenta Chile.
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