El reciente episodio de contaminación registrado en la quebrada Quilmenco, en la provincia de Choapa, vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que puede generar un derrame asociado a una operación minera. Tras el incidente vinculado a Minera Tres Valles, la Dirección General de Aguas (DGA) realizó fiscalizaciones y toma de muestras en distintos puntos del sector, cuyos resultados evidenciaron una alteración de la calidad del agua aguas abajo del área afectada, incluyendo concentraciones elevadas de elementos como aluminio, hierro, manganeso, cobre y arsénico. Los antecedentes llevaron además a establecer restricciones para determinados usos del recurso y a considerar el seguimiento de pozos y aguas subterráneas para determinar la extensión de la afectación.
El caso resulta especialmente relevante porque muestra que el impacto de un derrame puede trascender el punto donde se origina. Una sustancia liberada al ambiente puede desplazarse por escorrentía, alcanzar quebradas y cursos superficiales o infiltrarse a través del suelo hasta las aguas subterráneas. En este escenario, el trabajo de organismos fiscalizadores como la DGA resulta fundamental para generar evidencia sobre la calidad del recurso y seguir su evolución, mientras que una adecuada caracterización ambiental permite dimensionar el problema y definir las medidas de contención y recuperación necesarias.
La primera barrera frente a estos episodios debe ser preventiva. Las instalaciones que manejan sustancias potencialmente contaminantes requieren líneas de base ambientales robustas, monitoreo permanente, identificación anticipada de rutas de migración y planes de contingencia construidos sobre escenarios de riesgo. El objetivo no es solamente reaccionar frente a una emergencia, sino disponer de información previa que permita identificar rápidamente qué cambió, dónde ocurrió y hacia dónde podría desplazarse la contaminación.
Cuando se produce un derrame, la velocidad de respuesta es fundamental, pero debe ir acompañada de una metodología rigurosa. El primer paso consiste en delimitar la afectación mediante muestreos de aguas superficiales y subterráneas, suelos y lixiviados. El mapeo, análisis y modelamiento permiten posteriormente comprender el comportamiento de los contaminantes y determinar los potenciales receptores expuestos.
A partir de esa caracterización se debe diseñar una estrategia específica de contención y remediación. No existe una tecnología única aplicable a todos los derrames. Dependiendo del contaminante, su concentración y las condiciones geológicas e hidrogeológicas del sitio, pueden utilizarse o combinarse alternativas como bombeo y tratamiento de aguas, oxidación, extracción o solidificación/estabilización. Esta última permite inmovilizar determinados contaminantes persistentes, reduciendo su solubilidad y capacidad de lixiviación y, por tanto, el riesgo de migración hacia acuíferos o cursos superficiales.
La remediación puede además estructurarse como un tren de tratamiento, combinando tecnologías de acuerdo con el comportamiento de los distintos contaminantes: primero remover o tratar aquellas fracciones que pueden eliminarse y posteriormente inmovilizar las sustancias remanentes que mantengan un riesgo de migración.
El episodio de Choapa deja así una lección que trasciende a una faena determinada: la gestión de una contaminación hídrica comienza antes del derrame y no termina cuando se controla la emergencia. La fiscalización y el monitoreo de la DGA permiten determinar la afectación y seguir la evolución de la calidad de las aguas; a partir de esa evidencia, la caracterización, contención, remediación y seguimiento ambiental deben permitir avanzar desde la respuesta de emergencia hacia la recuperación efectiva del sitio afectado. Prevenir y contar con protocolos previamente definidos sigue siendo, sin embargo, la herramienta más eficaz para reducir las consecuencias ambientales, productivas y sociales de estos episodios.
José Manuel Bellalta Gerente General Grupo GB CINCO
Equipo Prensa
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