El rechazo legislativo a una ley contra el nepotismo reabre el debate sobre la necesidad de establecer mecanismos más objetivos en los nombramientos públicos y fortalecer la confianza ciudadana.
El reciente rechazo en el Congreso de una ley que buscaba prohibir el nepotismo en la administración pública dejó en evidencia las debilidades del sistema chileno para prevenir conflictos de interés en la designación de cargos estatales. La iniciativa pretendía impedir que familiares de autoridades, hasta el tercer grado de consanguinidad, accedieran a funciones públicas sin la preparación profesional necesaria, exceptuando los nombramientos realizados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.
Frente a este escenario, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Dra. Dominnique Luan, fue categórica al señalar: “En la actualidad, las limitaciones en los nombramientos se reducen generalmente a la calidad familiar con el director del servicio al que se postula, y no a toda autoridad de la que pudiese depender dicho servicio. Eso se intentaba frenar con esta ley”. La académica advirtió que uno de los principales obstáculos para avanzar en esta materia ha sido el interés político de las propias autoridades. “Son precisamente intereses políticos y las formas en que se han utilizado dichas facultades para beneficiar a allegados y familiares lo que ha impedido acuerdos. Hay una resistencia a limitar una práctica que ha estado naturalizada en distintos niveles del poder”, afirmó.
Consultada sobre la constitucionalidad de restringir estos nombramientos, Luan reconoció que podría existir debate en ciertos casos, particularmente en ascensos internos dentro del mismo servicio. Sin embargo, enfatizó que “en nombramientos futuros no se ve mayor problema con la limitación. El valor de la fe pública y la probidad son justificantes suficientes para establecer estos límites”.
Como alternativa concreta, la experta propuso implementar un modelo de “contratación ciega”, similar al utilizado en concursos como Fondecyt o Becas Chile, donde se impide conocer la identidad de los postulantes para evitar eventuales influencias políticas o familiares. “Creo que una idea de esta naturaleza, al impedir la intromisión directa de la política en los nombramientos, podría ser una vía efectiva para resolver estos casos”, sostuvo. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer los servicios de carácter técnico dentro del Estado, asegurando que las decisiones de contratación se basen en criterios objetivos y no en relaciones de cercanía con las autoridades. “Reducir la posibilidad de designaciones injustamente beneficiosas por afinidad familiar o política es clave para proteger la confianza ciudadana”, concluyó.
Equipo Prensa
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