Durante los últimos años, Alta Ley ha articulado iniciativas concretas en ambos frentes.
En trazabilidad, impulsó la Mesa de Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3, desarrolló una guía metodológica sectorial y promovió la incorporación de huella de carbono de producto en el programa Huella Chile, capacitando a más de 150 proveedores y certificando 23 productos.
En paralelo, se impulsó la creación de la primera Corporación de Ciberseguridad Minera (CCMIN), articulando a grandes compañías para fortalecer la colaboración frente a riesgos crecientes en un entorno cada vez más digitalizado.
En este contexto surge una pregunta clave: ¿es posible medir el impacto real de estas iniciativas en el ecosistema?
Para responder a esta pregunta, se diseñó una metodología específica que permitiera estimar y aislar su impacto.
En trazabilidad, el desafío fue cuantificar la reducción de emisiones de alcance 3 atribuible a estas iniciativas frente a un escenario sin intervención. Se modelaron las principales fuentes de emisiones de alcance 3 en operación mina-planta, incorporando tasas de adopción de nuevas tecnologías, tiempos de implementación y potencial de reducción que estas podrían acarrear.
En ciberseguridad, el foco fue estimar el ahorro económico asociado a la prevención y mitigación de ataques gracias a capacidades de alerta y respuesta temprana. Para esto, se estimó la cantidad de ataques exitosos promedio por minera al año, considerando la efectividad de plataformas de intercambio de información sobre ciberamenaza, se estimó la reducción en los tiempos de respuesta. A partir de esto, se evaluó el impacto de CCMIN en la disminución de ataques exitosos y de sus costos asociados, incorporando además la evolución del ecosistema en el tiempo.
Sobre esa base, apoyado por una consultoría externa, se desarrollaron herramientas de simulación comparando estos escenarios con y sin intervención.
Los resultados mostraron impactos concretos. En trazabilidad, las iniciativas desarrolladas estimaron una reducción de emisiones hasta 1.500 ktCO2e anuales entre 2025 y 2050, acumulando cerca de 30 millones de toneladas de CO2e de emisiones evitadas en ese periodo, y adelantando en aproximadamente 15 años la reducción de esas emisiones. Esto se traduce en un valor económico acumulado cercano a 150 millones de dólares por el impuesto de las emisiones evitadas, gracias a una diferencia significativa respecto a un escenario sin intervención.
En ciberseguridad, la implementación de CCMIN permite reducir ataques exitosos y sus impactos económicos. En el corto plazo, la estimación indica que esto equivale a cerca de 20 millones de dólares anuales en pérdidas evitadas, mientras que hacia 2040 el ecosistema podría evitar más de 350 millones de dólares anuales, gracias a una mayor capacidad de detección y respuesta colaborativa.
Claramente este es un ejercicio con muchos supuestos y simplificaciones, pero con un objetivo claro: avanzar en medir lo que antes no se medía.
La invitación es a entender este tipo de ejercicios como una primera aproximación, necesariamente imperfecta, pero valiosa para comenzar a dimensionar el impacto de iniciativas que, hasta ahora, han sido difíciles de cuantificar. Avanzar en esta línea combinando modelos, supuestos y, progresivamente, mayor evidencia empírica permite acercarse a estimaciones más robustas, generando una base común para la conversación entre actores del ecosistema. En ese sentido, la medición de impacto no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para orientar decisiones, alinear la inversión y enfocar los esfuerzos en aquellas iniciativas que muestran mayor potencial de generar valor para la minería y el país.
Equipo Alta Ley
Equipo Prensa
Portal Innova
