La modificación a la Ley N° 21.325, despachada por el Congreso, reduce de 10 a 5 días el plazo para reclamar una expulsión, incorpora nuevas herramientas de identificación y agiliza los procedimientos para hacer efectivas estas medidas.
Ñuble, octubre de 2026 Fortalecer el control migratorio y entregar mayores herramientas al Estado es el objetivo del proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros en situación migratoria irregular, permitiendo avanzar hacia procesos más eficaces frente a situaciones que afectan la seguridad y el orden público.
Entre sus principales medidas, la iniciativa aumenta de 3 a 5 años el plazo mínimo de prohibición de ingreso en determinados casos, reduce de 10 a 5 días corridos el plazo para reclamar judicialmente una expulsión y establece un plazo de 24 horas para que los tribunales resuelvan determinadas solicitudes de ingreso a domicilios vinculadas a la ejecución de órdenes de expulsión firmes.
El seremi de Seguridad Pública de Ñuble, Héctor Ponce Ortega, destacó que “la seguridad requiere que las herramientas legales del Estado sean efectivas. Este proyecto permite agilizar los procedimientos, fortalecer la identificación y localización de personas en situación migratoria irregular y facilitar la ejecución de las expulsiones, siempre con apego a la ley y respeto a las garantías legales”.
Por su parte, el delegado presidencial provincial de Punilla, Cristóbal Jardua Campos, señaló que “fortalecer el control migratorio y mejorar la capacidad del Estado para hacer efectivas las expulsiones administrativas son pasos fundamentales para avanzar en mayor seguridad. Esta modificación a la ley busca entregar herramientas para superar las dificultades de identificación, localización y notificación de personas extranjeras en situación migratoria irregular, permitiendo procedimientos más ágiles, una mejor coordinación entre las instituciones y una respuesta más eficaz frente a quienes incumplen la normativa vigente”.
La iniciativa también contempla el registro de datos biométricos de extranjeros mayores de edad en situación migratoria irregular y refuerza la coordinación entre la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
Con estas medidas, el Gobierno busca superar obstáculos que dificultan concretar las expulsiones administrativas y fortalecer la capacidad del Estado para ejercer el control migratorio.
Equipo Prensa
Portal Innova
