- El abogado Fernando Garrido, que será parte del próximo Congreso ACADES “Nuevas fuentes de agua para Chile”, se refiere a las problemáticas regulatorias de la política de desalación en Chile.
- Explica que “el punto de inflexión sería contar con una estrategia nacional de desalinización, que sea capaz de coordinar los esfuerzos públicos y privados para avanzar de manera unificada en esta materia.”
¿Cuál es el punto de inflexión para una política de desalación y reúso de aguas en Chile desde el punto de vista regulatorio?
En el contexto de la crisis hídrica y de la megasequía que sufre el país desde el año 2010, debemos mirar a la desalación y el reúso como parte de una respuesta urgente para enfrentar esta situación. Se ha vuelto crítico buscar nuevas fuentes de aguas tanto para el consumo humano en zonas de escasez hídrica que han visto agotadas las fuentes de aguas naturales como también para el sector productivo, ya que industrias como la gran minería, el litio y la producción de hidrógeno verde requieren de un suministro hídrico que les permita desarrollarse adecuadamente.
Con ese objetivo, el punto de inflexión sería contar con una estrategia nacional de desalinización, que sea capaz de coordinar los esfuerzos públicos y privados para avanzar de manera unificada en esta materia. Una estrategia o política nacional implica una visión a largo plazo que permite tanto a inversionistas como a los Órganos de la Administración del Estado adecuar su actuar a ello.
A nivel normativo, ¿cómo creen que está avanzando la permisología de la desalación en el país?
El proyecto de ley “Marco de Autorizaciones Sectoriales”, ingresado por el gobierno en enero de 2024, es una señal que va en la línea correcta y pone el problema actual de la permisología y sus largos plazos de tramitación como un foco principal de discusión. Sin embargo, lamentablemente dicha iniciativa es, por sí sola, insuficiente para agilizar el desarrollo de proyectos de desalación ya que no abarca a las Concesiones Marítimas, las medidas respecto de estas serán propuestas mediante indicaciones en el proyecto de ley “Administración del borde costero y concesiones marítimas”, que se encuentra en tramitación desde el año 2012 y que tendrán como objetivo que las Concesiones Marítimas pasen de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales. Esta solución no garantiza que exista una mejora en los largos tiempos de tramitación que actualmente tienen las Concesiones Marítimas.
¿Cuál es su análisis de los proyectos de ley que están actualmente en discusión en el Congreso sobre desalación y reúso? ¿van en el sentido correcto?
Respecto de la desalación, actualmente tenemos 2 proyectos de ley que buscan restructurar su marco normativo:
El primero es el ya mencionado proyecto de ley de “Administración del borde costero y concesiones marítimas” que como dijimos tendría como principal impacto el entregarle competencias al Ministerio de Bienes Nacionales en el otorgamiento de Concesiones Marítimas y que creo que no trae aparejado una solución innovadora como la que se requiere en el contexto actual del país. Por lo demás, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas ha señalado que se encuentra tomando medidas para hacer frente a la gran cantidad de expedientes en tramitación, por lo que, en un corto a mediano plazo, el traspaso al Ministerio de Bienes Nacionales podría traer aparejado el efecto contrario y demorar aún más este permiso.
El segundo es el proyecto de Ley “Sobre uso de agua de mar para desalinización”, ingresado en enero de 2018 y se encuentra en primer trámite constitucional. A este proyecto se le presentó una indicación sustitutiva para reemplazar la exigencia de la Concesión Marítima para los proyectos de desalación por una “Concesión de Desalinización” que permita la extracción de agua de mar y uso del borde costero durante un tiempo determinado para efectos de la desalinización y que podrá avanzar en paralelo a los permisos ambientales. Esto es de especial importancia ya que actualmente los proyectos de desalación deben obtener primero la concesión marítima y después la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo que implica grandes retrasos en su tramitación. En este sentido este proyecto va en buen camino y ha tenido alta aceptación, ya que, si no se requiere obtener concesión marítima, y se puede tramitar la concesión de desalación paralelamente con la RCA, los plazos se reducirían considerablemente, destrabando en parte el sistema. Si bien es discutido cuál debiese ser el órgano competente para la tramitación, otorgamiento y fiscalización de esta nueva concesión de desalación, considerando que busca la administración del recurso hídrico, quien desempeñe dicho rol debiese ser la Dirección General de Aguas (DGA), del Ministerio de Obras Públicas y así está propuesto en la mencionada indicación sustitutiva. El proyecto contempla además la creación de una “Estrategia Nacional de Desalinización” cuyo Reglamento deberá ser expedido por el MOP y aprobado por los Ministerios de Defensa Nacional, de Bienes Nacionales y del Medio Ambiente, lo que permitiría tener una estrategia coordinada que va en la línea de lo comentado respecto de la primera pregunta.
Respecto del reúso de aguas servidas tratadas (AST), en enero de 2023 ingresó al Senado el Proyecto de Ley que “Regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales” y actualmente está en primer trámite constitucional. Este es un proyecto que está en buen camino, pero es importante que logremos incentivar el uso de estas aguas con el objetivo de que los costos de infraestructura y operación necesarios para su desarrollo sean cubiertos por las actividades que las demanden.
¿Cuál es la clave para acelerar el desarrollo de proyectos? ¿una ventanilla única, una ley especial, reforma al código de aguas, otro?
Probablemente la clave no reside en una solución única, sino que supondrá la integración de varias de estas “ideas” o proyectos, lo importante es que exista un marco normativo integral que involucre a distintos Órganos del Estado para asegurar la celeridad en estas materias, especialmente en la tramitación y obtención de permisos, que es actualmente una de las mayores trabas para quienes desarrollan este tipo de proyectos.
A modo de ejemplo de lo anterior, podemos señalar la recién publicada Ley N°21.639 que amplía las facultades del Ministerio de Obras Públicas para licitar desalinizadoras multipropósito, teniendo como principal enfoque el consumo humano. Esta ley especial permite avanzar en la habilitación legal del Estado para abarcar este tipo de proyectos y demuestra la preocupación por crear y modificar mecanismos legales con el objeto de agilizar la creación y funcionamiento de las plantas desaladoras. No obstante, no aborda aristas importantes como plantas cuyo principal objeto sea el suministro industrial para áreas de producción como la minería.
Mirando hacia el futuro, la clave reside en un actuar coordinado en la implementación de leyes relacionadas con la desalación; la modernización de los sistemas de trámites, la posibilidad de obtener permisos en forma paralela, la delimitación de los plazos para el otorgamiento de estos, y la unificación de plataformas requieren de la ejecución de una política integral que sea capaz de dar respuestas eficientes y brindar seguridad a los inversionistas.
Equipo Prensa
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