En un esfuerzo por abordar los desafíos relacionados con la salud pública y promover hábitos alimentarios más saludables, el Gobierno ha estado evaluando la posibilidad de implementar los llamados «impuestos saludables».
Estas medidas tributarias tienen como objetivo desincentivar el consumo de ciertos productos considerados perjudiciales para la salud, al tiempo que se generan recursos para financiar políticas de salud y bienestar. Sin embargo, estas propuestas también plantean interrogantes sobre las implicancias tributarias y su impacto en la economía del país.
Los «impuestos saludables» son una herramienta que busca fomentar elecciones más saludables en materia de consumo. Se ha considerado gravar productos como bebidas azucaradas, alimentos con alto contenido de sodio y aquellos con altas cantidades de grasas saturadas. Estos impuestos, además de generar ingresos fiscales, tienen como finalidad disminuir el consumo de alimentos y bebidas perjudiciales para la salud, así como promover la adopción de una alimentación equilibrada.
Sin embargo, el establecimiento de estos impuestos plantea desafíos y preocupaciones desde el punto de vista tributario. Ximena Pérez- Brito, directora tributaria de EDIG, señala que «si bien es cierto que los impuestos saludables pueden tener efectos positivos en la salud pública, también es necesario evaluar cuidadosamente su implementación para evitar posibles consecuencias no deseadas».
Una de las principales preocupaciones radica en el impacto económico que estos impuestos puedan tener sobre los consumidores y las empresas. La abogada y contadora de EDIG advierte que «si los impuestos saludables no se diseñan adecuadamente, podrían generar un aumento en los precios de los productos afectados, y quienes se verían especialmente perjudicados serían los sectores de menores ingresos. Recordemos que ya existe el Impuesto a las bebidas alcohólicas y analcohólicas».
La profesional de EDIG destaca que «es esencial contar con una base científica sólida que respalde la clasificación de los productos como perjudiciales para la salud. Además, se debe asegurar que los criterios utilizados para establecer los impuestos sean transparentes y consistentes y si efectivamente el aumento del impuesto adicional en el caso de las bebidas alcohólicas y anarcoholicas conlleva la disminución en su consumo».
Otra consideración importante es la necesidad de evaluar el impacto real de los impuestos saludables en los hábitos de consumo. «Es fundamental contar con mecanismos de seguimiento y evaluación para determinar si estos impuestos están cumpliendo con sus objetivos y si los recursos recaudados se están utilizando efectivamente para promover políticas de salud y bienestar», enfatiza Pérez Brito.
Equipo Prensa
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