La informalidad económica en nuestro país genera un impacto negativo considerable en el sistema tributario, manifestándose principalmente a través de la evasión fiscal y la competencia desleal, lo que en conjunto reduce de manera significativa los ingresos públicos y distorsiona la distribución de la carga impositiva.
Una de las principales consecuencias es la pérdida directa de recaudación. Los negocios no formalizados operan fuera del marco legal, lo que les permite evitar la retención y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al no emitir boletas o facturas. Según cálculos del Servicio de Impuestos Internos (SII), la tasa promedio de incumplimiento en el IVA se sitúa entre el 18.4 y el 18.9%, siendo los contribuyentes no registrados una parte importante de este problema.
En un ejemplo específico de fiscalización, el SII identificó a más de quince mil contribuyentes informales que utilizaban dispositivos de pago electrónico (POS) sin haber realizado el inicio de actividades, lo que representaba un IVA estimado no pagado superior a los $3.300 millones. A esto se suma la evasión del Impuesto a la Renta, ya que los emprendedores informales tampoco declaran sus ganancias empresariales ni sus ingresos personales, eludiendo así el Impuesto de Primera Categoría y el Global Complementario.
La evasión del sector informal también conlleva una distorsión de la carga tributaria y fomenta la competencia desleal. Los negocios formales, que deben incluir el IVA, el Impuesto a la Renta y las contribuciones de seguridad social en sus costos, se ven obligados a fijar precios más altos. Los informales, al omitirlos, ofrecen productos y servicios a precios más bajos, generando una competencia desigual que desfavorece a los contribuyentes que cumplen con la normativa. Además, dado que la tasa de informalidad chilena es de aproximadamente un tercio de la fuerza laboral, el incumplimiento de este segmento provoca que la carga fiscal se concentre desproporcionadamente en las empresas y trabajadores formales, limitando su crecimiento.
La fiscalización de la informalidad presenta importantes desafíos. Un alto porcentaje de trabajadores informales por cuenta propia (sobre el 77.5%) ejerce su actividad en la vía pública o en domicilios, lugares difíciles de fiscalizar para el SII. La situación se agrava cuando la informalidad tributaria se vincula con el comercio ilícito o la venta de artículos de contrabando, lo que intensifica la pérdida fiscal y los problemas de seguridad.
Para hacer frente a esta realidad, se han impulsado iniciativas como la Ley de Cumplimiento Tributario, que busca entregar mayores herramientas al SII para fiscalizar transferencias bancarias y actividades en plataformas digitales, con el objetivo de incorporar a los emprendedores que operan actualmente fuera del sistema formal.
Equipo Prensa
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