Con el fin de compensar la pérdida de cerca del 20% del PIB debido a los retiros de fondos de pensiones, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer diversos proyectos de ley que buscan impulsar el desarrollo del mercado de capitales nacional. Algunas de esas normativas -que ya se están tramitando en el Congreso-, consideran la innovación financiera (Ley Fintech), la creación del Registro Consolidado de Deudas, y un nuevo marco regulatorio para el tratamiento de datos personales (Ley de Datos Personales).
Sin embargo, un detalle en el que no se ha reparado, es el potencial conflicto que podría conllevar la implementación de estas iniciativas en paralelo, en particular el proyecto de Ley de Datos Personales.
Mientras la Ley Fintech y el Registro Consolidado de Deudas son iniciativas especiales que buscan promocionar la prestación de servicios financieros de manera electrónica y permitir una adecuada evaluación de riesgo de los deudores, la Ley de Datos Personales está focalizada en una regulación general con enfoque en resguardar los datos del titular, considerando especialmente su derecho constitucional a la vida privada.
Si bien existen normas en todos los proyectos que se refieren al tratamiento de datos personales y su regulación específica, los derechos y obligaciones de las partes involucradas difieren en cada uno de ellos, algo que podría prestarse para interpretaciones contradictorias. Por ejemplo, el proyecto de ley sobre Registro Consolidado de Deudas excluye los derechos que otorga la Ley N° 19.628 -que regula el tratamiento de los datos de carácter personal-, algo que podría considerarse inconstitucional por infracción al Art. 19 N° 4 de la Constitución, sobre el respeto y protección a la vida privada.
A ello se sumaría posibles conflictos relacionados a los criterios aplicables al tratamiento de datos personales y las responsabilidades de los involucrados por parte de entidades como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la Agencia de Protección de Datos Personales, el SERNAC, el Consejo para la Transparencia y la Superintendencia de Salud. Todas ellas tendrían competencia para decidir en este ámbito, razón que podría ocasionar una superposición de dictámenes frente a un mismo caso.
No podemos negar que la información y manejo de datos son fundamentales para el desarrollo de la economía en el escenario actual, pero una regulación discordante puede generar incertezas y problemas en un sistema que requiere de seguridades y donde el principal afectado puede ser la vida privada de las personas.
Por Edmundo Varas, director de Tax & Legal de KPMG en Chile.
Equipo Prensa
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