- Informaciones recientes dan cuenta que una empresa minera norteamericana solicita el uso de la fuerza pública para ingresar al Parque Andino Juncal a realizar actividades mineras al lugar, de gran importancia conservacionista y que actualmente es uno de los sitios RAMSAR de Chile (la distinción de humedales más importante del mundo). Se trata de un parque privado que reúne una serie de condiciones que lo hacen un lugar ecosistémicamente muy valioso en la Cordillera de Los Andes.
Lo que a simple vista parece un despropósito, una desincronización tremenda con los tiempos, es desgraciadamente legal. Nuestra legislación minera es, en este sentido, anacrónica, permitiendo a quien tenga las concesiones correspondientes, ingresar e intervenir en cualquier territorio, esté o no esté de acuerdo el dueño del terreno. En este caso el terreno del parque es privado, de propiedad de una familia que lo destina a conservación y realiza esfuerzos constantes por proteger esos valles y sus humedales.
En esta gestión gastan tiempo y dinero, utilizan recursos propios y velan por la integridad del lugar, que ahora está amenazada por un interés económico difícil de entender en estos tiempos de crisis medioambientales. La familia propietaria renuncia a la explotación del sitio para protegerlo y debe aceptar que vengan otros y lo hagan, sin poder impedirlo.
El conflicto central -mercantilismo versus conservación- es producto de la intención de los legisladores neoliberalistas de privilegiar la minería sobre cualquier actividad y otorgarles todos los derechos que faciliten su actividad. Esta empresa norteamericana, interesada en destruir un entorno natural para expandir su negocio, no hace más que utilizar la ley a su favor, pero cabe preguntarse cómo nadie de los directivos de esa empresa se cuestiona al menos si lo que hace es correcto en 2024. ¿Es tanta la codicia que obnubila cualquier pensamiento moderno de conservación, sustentabilidad, evolución social y afines?
Cuando se plantea la necesidad de educar para la sustentabilidad a todas las personas -y preferentemente a aquellos que tomarán decisiones importantes- justamente la idea es formar gerentes que den a sus decisiones una mirada sustentable, que apunte a que su empresa no afecte negativamente los ecosistemas y fortalezca lo social. En una empresa minera internacional ¿nadie tiene esa mirada? Queda claro que no, mal por las instituciones que los formaron y mal por la codicia y ambición en su actuar.
Han pasado 41 años desde que se promulgó el Código Minero y el mundo ha cambiado muchísimo desde entonces. Los tribunales tienen ahora la posibilidad de dar una interpretación distinta al absurdo que la ley mantiene. Ojalá, por esta vez, la justicia privilegie la conservación de los ecosistemas y reconozca el esfuerzo de quienes apuestan a ello, sobre mezquinos intereses económicos fuera de época.
Equipo Prensa
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