La entrada en vigencia de la Ley N°21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales marcará un cambio relevante en distintas industrias, especialmente en aquellas que administran información sensible, como el sistema previsional. El nuevo marco normativo no solo fortalece los derechos de las personas sobre sus datos, sino que eleva las exigencias y responsabilidades para quienes manejan antecedentes financieros, previsionales y de salud.
En el ámbito de la asesoría previsional, la normativa introduce nuevas obligaciones para los asesores previsionales y redefine la forma en que se recopilan, almacenan y comparten los antecedentes de los futuros pensionados. “La ley homologa a Chile con estándares similares al Reglamento General de Protección de Datos europeo (GDPR) y, además, crea una Agencia de Protección de Datos Personales con facultades fiscalizadoras y sancionatorias. Para quienes están próximos a pensionarse, esto es especialmente relevante, porque su información financiera, familiar y de salud quedará protegida bajo un estándar mucho más estricto”, explica Loreto Barril, jefa de Rentas Vitalicias de AuguStar Seguros.
Uno de los principales cambios apunta al consentimiento para el uso de datos personales. Según la especialista, las autorizaciones genéricas o implícitas dejarán de ser válidas. “Ahora el consentimiento debe ser explícito, informado, específico e inequívoco. Si un asesor previsional necesita compartir información sensible con una AFP o una compañía de seguros, deberá contar con una autorización expresa y diferenciada para esa finalidad puntual”, señala.
La normativa también impactará prácticas habituales de afiliación y gestión comercial dentro de la industria previsional. Entre las conductas que podrían ser consideradas infracciones graves o gravísimas se encuentran el uso de bases de datos sin trazabilidad de origen legítimo, el almacenamiento inseguro de antecedentes previsionales y de salud, y la recopilación de información innecesaria para realizar una asesoría. “Guardar las cartolas de AFP, copias de cédula de identidad o antecedentes médicos en planillas Excel locales, dispositivos sin protección o incluso aplicaciones de mensajería no seguras se transforma en un riesgo legal crítico”, advierte Barril.
La legislación también refuerza los derechos de las personas sobre su información mediante los denominados derechos ARCO-P, que permiten acceder, rectificar, eliminar, o portar los datos personales. “Un futuro pensionado podrá exigir conocer qué información mantiene su asesor, corregir errores, solicitar la eliminación de sus registros o trasladar sus datos a otro profesional. Esto transforma la relación entre el cliente y quien administra sus datos”, agrega. Más allá de las nuevas exigencias regulatorias, en la industria destacan que la ley representa una oportunidad para fortalecer la confianza en el sistema previsional y elevar los estándares de la asesoría. La implementación de procesos más seguros y transparentes permitirá a los futuros pensionados tener mayor control sobre su información personal y tomar decisiones con mayor respaldo.
Expertos del sector coinciden en que la nueva normativa impulsará una mayor profesionalización de la asesoría previsional, favoreciendo a quienes cuenten con procesos formales, trazabilidad de la información y estándares robustos de seguridad. Asimismo, la adopción de plataformas digitales seguras y mecanismos de consentimiento más transparentes podría mejorar la experiencia de los usuarios y reducir prácticas informales históricamente presentes en el mercado.
“La asesoría previsional avanzará hacia un modelo más transparente, profesional y centrado en la protección de las personas. Quienes logren adaptarse con altos estándares de seguridad y trazabilidad no solo cumplirán con la regulación, sino que también podrán construir relaciones de mayor confianza con sus clientes”, concluye Barril.
Equipo Prensa
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