La permisología se ha convertido en la explicación preferida de por qué proyectos no logran desarrollarse. Las cifras justifican la preocupación. Entre 2014 y 2024, el plazo de aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental pasó de 547 a 995 días; en las Declaraciones de Impacto Ambiental, de 248 a 380. Sin embargo, confundir la duración con la enfermedad puede llevarnos a reformar el síntoma y conservar la causa.
La evaluación ambiental tiene una justificación económica. Un proyecto puede imponer costos a terceros que no aparecen en sus cuentas. El SEIA debe identificar esos impactos, atribuirlos, cuantificarlos y exigir que sean evitados, mitigados, reparados o compensados. Eso no es permisología: es buena regulación.
El problema aparece cuando el expediente deja de evaluar impactos y se transforma en una lista del Viejo Pascuero. Antes de conceder una autorización indispensable, autoridades, comunidades u otros actores pueden agregar estudios, obras, pagos o compromisos cuyo vínculo con el proyecto es débil o inexistente. No se requiere corrupción ni mala fe. Basta un diseño en que el costo de negarse recae sobre el titular y pedir tiene poco costo. No es un problema minero: puede aparecer en cualquier sector donde un permiso concentre poder.
La evidencia no demuestra este mecanismo, pero obliga a investigarlo. La CNEP examinó 3.728 resoluciones ambientales y detectó más de 481 mil obligaciones. El promedio por resolución subió de 60 en 2015 a 213 en 2024. En minería y energía, los procesos más largos exhiben más obligaciones. Puede haber proyectos complejos y mejores estándares. También puede haber un objeto regulatorio que se expande durante la tramitación.
Por eso la reforma al SEIA no debiera medirse solo en días. Cada observación y obligación deberían superar un test de nexo: ¿qué impacto atribuible, efecto acumulativo o deber legal aborda? ¿Qué evidencia lo demuestra? ¿La medida es proporcional? ¿Duplica otra exigencia? ¿Cómo se verificará? Lo que no supere ese test debe quedar fuera de la decisión, con explicación pública.
La participación ciudadana y la consulta indígena no son obstáculos. Pueden revelar información, proteger derechos y mejorar legitimidad. El deber de filtrar corresponde al SEA y debe aplicarse con igual rigor a los organismos públicos. Necesidades de dinero, vivienda, salud, caminos o seguridad pueden ser legítimas, pero deben resolverse mediante presupuestos, impuestos, regalías o políticas territoriales, no cargarse a una RCA porque el permiso entrega poder de negociación.
La solución al problema no es establecer una revisión más rápida, aunque evidentemente esto es factible con nuevas herramientas como IA. Pero una máquina no corrige un objeto mal delimitado. Si las reglas no cambian, solo produciremos más rápido una lista más larga de solicitudes.
Chile necesita decisiones ambientales más rápidas. Necesita decisiones que sepan qué están evaluando. El tiempo es el síntoma. El alcance y los incentivos son el problema.
Equipo Prensa
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