La Reforma Previsional vuelve a tomar protagonismo. Agosto, representa uno de los hitos relevantes en la implementación gradual de la Ley N° 21.735, porque comienzan a operar nuevos porcentajes y mecanismos de cotización que tendrán efectos tanto en el financiamiento de las futuras pensiones como en los costos asociados a la contratación de trabajadores.
“Desde las remuneraciones correspondientes a agosto, los empleadores deben declarar y pagar una cotización equivalente al 3,5% de la remuneración imponible de cada trabajador afiliado al sistema de pensiones. Este porcentaje se distribuye entre la cuenta individual del trabajador, la Cotización con Rentabilidad Protegida y el Seguro Social Previsional”, explica Camila Castro, Directora de la Carrera de Contador Auditor de Universidad de Las Américas.
La profesional añade que “es importante precisar que este 3,5% no corresponde completamente a un nuevo costo para el empleador, ya que parte de este porcentaje considera el financiamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que anteriormente también era de cargo empresarial. Para los trabajadores, en tanto, estas cotizaciones no representan un descuento adicional en su remuneración líquida, pues son financiadas por el contratante”.
La reforma contempla que el aporte empresarial continúe aumentando gradualmente durante los próximos años. Por esta razón, las compañías deberán incorporar progresivamente estos mayores costos dentro de sus presupuestos, proyecciones y decisiones de contratación.
Este punto resulta especialmente relevante para las micro, pequeñas y medianas empresas. “Para una gran organización, estos incrementos pueden ser más fáciles de absorber, pero para una PYME cada aumento en el costo laboral puede incidir directamente en sus decisiones de contratación, formalización o crecimiento. Por ello, será fundamental acompañar la implementación de la reforma con información clara y herramientas que faciliten la adaptación de los empleadores”, detalla la académica.
A estos cambios se suma un nuevo hito que acontecerá en septiembre de este año, cuando el monto máximo de la Pensión Garantizada Universal aumentará a $250.275 para las personas de 75 años o más, continuando así la implementación gradual de uno de los principales beneficios incorporados en la reforma.
“Mejorar las pensiones es una necesidad evidente, pero el reto será lograr que el mayor esfuerzo contributivo sea sostenible y no termine transformándose en una barrera para la generación de empleo formal. El equilibrio entre mejores pensiones, protección social y sostenibilidad empresarial será clave para evaluar el verdadero impacto de esta reforma en los próximos años”, finaliza Castro.
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