Paraguay en crisis

El Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar problemas de solvencia, dejando temporalmente inmovilizados recursos de clientes e instituciones públicas. El caso escaló al ámbito político debido a los antiguos vínculos del presidente Santiago Peña con el grupo controlador de la entidad y las acusaciones por presuntos conflictos de interés.

El mandatario presentó su renuncia, pero el Congreso no logró tramitarla por falta de quórum, por lo que continúa formalmente en el cargo. En paralelo, el Senado avanza con el juicio político en su contra, mientras Peña solicitó una prórroga para preparar su defensa.

Bernardo Pacheco, analista internacional y académico del Centro de Estudios Generales de la Universidad de los Andes (Uandes), advierte que el conflicto tiene alcances que van más allá de la continuidad del mandatario. “Es una grave crisis que tiene tres dimensiones muy complejas, que se retroalimentan entre ellas: política, social y económica”.

Una crisis que se retroalimenta

En el ámbito financiero, Pacheco plantea que todavía es necesario conocer con mayor precisión las consecuencias del caso. “Seguramente habrá que esperar datos más concretos para ver cuál es el impacto real que tiene respecto a los fondos públicos que han sido invertidos en este banco y el dinero que está invertido de grandes empresas y negocios”, sostiene.

El académico de la Uandes también pone atención en el efecto que puede tener sobre la percepción de la ciudadanía. “Este caso genera una desconfianza en el sistema bancario que puede desestabilizar o mover el mundo financiero en Paraguay”, señala, aunque recuerda que se ha insistido en que se trata de una situación aislada y que el sistema económico y financiero del país mantiene su solvencia.

Esa dimensión se cruza con el conflicto institucional que enfrenta el gobierno. “Esta es una crisis política grave porque tiene que ver con la sucesión presidencial y el tipo de tratamiento que se le da al juicio que se le quiere hacer al presidente”, sostiene Pacheco.

Para el experto, el principal riesgo está precisamente en cómo esos tres ámbitos pueden influirse entre sí. “La crisis social, el descontento y la desconfianza en los bancos pueden impactar en el sistema económico y, asimismo, el daño al Estado y probablemente a los fondos públicos desencadenan una crisis constitucional y de sucesión que habrá que ver cómo se resuelve”, concluye.

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