El alza de los combustibles volvió a poner presión sobre los hogares y las empresas, y el paro de camioneros es una señal de que las medidas adoptadas hasta ahora no están resolviendo el problema de fondo. El Gobierno enfrenta una tarea compleja: entregar apoyo sin comprometer aún más las cuentas fiscales. Pero la respuesta no puede limitarse a contener temporalmente el precio del diésel o anunciar nuevas ayudas.
Se necesitan medidas que lleguen a quienes más lo necesitan y que permitan distribuir mejor el impacto de este shock.
Primero, apoyos transitorios y focalizados para pequeños transportistas y empresas de menor tamaño, especialmente aquellas que tienen menos capacidad para absorber las alzas. No se trata de subsidiar indiscriminadamente el combustible, sino de evitar que transportistas independientes y pequeñas empresas queden fuera del mercado por un aumento de costos que no pueden controlar.
Segundo, avanzar en mecanismos transparentes de reajuste de los fletes. Si el diésel representa una parte importante del costo de transportar mercancías, sus variaciones deben reflejarse oportunamente en las tarifas. Para ello, se podrían promover cláusulas de reajuste vinculadas a indicadores oficiales, evitando que los transportistas más pequeños deban absorber solos las alzas frente a grandes generadores de carga.
Tercero, proteger a los hogares más vulnerables. El encarecimiento del transporte termina afectando también el precio de los alimentos y otros bienes básicos. Por eso, cualquier apoyo debería priorizar a las familias de menores ingresos y a quienes dependen del transporte público, en lugar de recurrir a subsidios generales que consumen recursos fiscales y benefician también a quienes no los necesitan.
Cuarto, mirar más allá de la emergencia. Mejorar la infraestructura logística, las zonas de descanso, la seguridad de las rutas y la eficiencia del transporte puede reducir costos de manera más permanente. También se requiere fortalecer el transporte público regional, donde las distancias y la menor conectividad hacen más difícil absorber estas alzas.
Finalmente, el Gobierno debe transparentar cuánto cuesta contener los precios mediante el MEPCO, cuánto se amortigua efectivamente y cómo se financian las medidas.
El desafío es evitar que una crisis internacional termine convirtiéndose en una crisis interna de inflación, menor actividad y pérdida de empleo. Porque el problema no es solamente cuánto cuesta el combustible, sino quién termina pagando ese mayor costo.
Chile necesita aliviar el golpe de hoy, pero también construir una respuesta que no traslade indefinidamente la cuenta a los consumidores, las pequeñas empresas o las finanzas públicas.
Patricio Ramírez R. Coordinador Observatorio Económico Social FCJE
Director de carrera Ingeniería Comercial Universidad de La Frontera
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