La publicación de la Ley N.º 21.847 vuelve a ajustar la implementación de la Ley N.º 21.368 sobre plásticos de un solo uso. Para quienes siguen esta regulación desde la empresa, el cambio no debería leerse como una marcha atrás ambiental, sino como una señal más compleja: una norma eficaz no solo debe ser ambiciosa, también debe ser técnicamente aplicable, verificable y estable.
La modificación tiene efectos concretos. Para el consumo dentro de los establecimientos se mantiene la prohibición de entregar productos de un solo uso, pero se exceptúan los elaborados de madera, papel y/o cartón. Esto es relevante porque la redacción anterior exigía que esos materiales fueran certificados y biodegradables. La nueva fórmula simplifica la regla y elimina esa exigencia adicional.
También se amplía de seis meses a dos años el plazo asociado a la entrada en vigencia del reglamento y se incorpora una solución transitoria para acreditar requisitos de certificación mediante antecedentes técnicos idóneos, como informes de ensayo o certificaciones emitidas por organismos especializados. A ello se suma que el porcentaje de botellas retornables disponibles en vitrina que determine el reglamento para supermercados no podrá ser inferior al 30%.
Desde el compliance ambiental, estos cambios no eliminan obligaciones: modifican la forma y el tiempo de cumplirlas. Por eso, restaurantes, supermercados, productores, importadores y proveedores deberían revisar matrices legales, contratos, fichas técnicas, políticas de compra y mecanismos de respaldo documental. La trazabilidad del cumplimiento sigue siendo esencial. La fiscalización continúa radicada en las municipalidades y las sanciones corresponden a los Juzgados de Policía Local, de modo que la evidencia de cumplimiento no es un detalle documental.
Hay, además, una discusión que merece atención. Desde 2024 la Ley N.º 21.368 ha experimentado sucesivos ajustes de plazos y requisitos. Corregir problemas de implementación es razonable; perseverar en una regulación impracticable sería peor. Pero una normativa que cambia repetidamente también genera costos de adaptación y dificulta la planificación empresarial.
La sostenibilidad regulatoria exige entonces dos cosas: empresas capaces de anticiparse y un Estado capaz de entregar reglas claras, técnicamente viables y suficientemente estables. El objetivo ambiental no se debilita cuando se mejora la implementación. Al contrario, una regulación que puede cumplirse, fiscalizarse y acreditarse adecuadamente tiene mayores posibilidades de producir cambios reales.
La Ley N.º 21.847 entrega más flexibilidad. El desafío para las empresas es utilizarla para fortalecer su compliance, no para relajar sus controles.
Dr. Jorge Suárez Campos
Director MBA
Universidad Autónoma de Chile
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