En Chile hablamos mucho de compliance, pero todavía cuesta bajarlo de lo conceptual a lo operativo. No es un simple “código de ética” ni un manual escondido en el escritorio del contralor corporativo. Es, en realidad, un sistema vivo de control y prevención, diseñado para evitar que una empresa (y quienes la dirigen) terminen cruzando la línea hacia lo penal, lo civil o lo reputacional.
La experiencia comparada lo demuestra. Perú, México, Colombia, España, Italia, Estados Unidos y Chile han seguido caminos distintos, pero con una constante. La efectividad de los programas depende menos del papel y más de la cultura interna. Una empresa puede tener un manual brillante, pero si no existe trazabilidad, canales de denuncia y protocolos claros de quién responde y cómo, lo que se tiene es solo una bonita fachada.
En nuestro país, la Ley 20.393 abrió la puerta a los “modelos de prevención”. Con la entrada en vigor de la Ley 21.595, el estándar se robusteció, ya no basta con mostrar un organigrama o un oficial de cumplimiento de adorno. Hoy, la ausencia o insuficiencia de un Modelo eficaz puede ser vista derechamente como un injusto objetivo, es decir, como el propio delito.
Aquí está la tensión central. El compliance se mueve en un delicado equilibrio entre la autorregulación y la legitimidad democrática. Si se deja demasiado en manos privadas, se corre el riesgo de crear “normas a la medida”, donde la empresa fija los umbrales de lo que considera delito. Si se sobrerregula desde el Estado, se burocratiza hasta el punto de volver ineficiente la gestión y la innovación.
Por eso el desafío es doble, construir sistemas que sean proactivos, auditables y medibles, pero al mismo tiempo flexibles para adaptarse a la realidad de una pyme, un banco o una salmonera exportadora. Y que, en todos los casos, tengan lo mínimo deseable: cultura interna, trazabilidad, comunicación bidireccional y sanciones claras.
El compliance ya no es un “plus” reputacional ni un seguro de marketing. Es la diferencia entre sobrevivir o quedar expuesto en un ecosistema donde la fiscalización es cada vez más exigente y la ciudadanía menos tolerante a los abusos.
José Ignacio Camus Co- Founder Admiral One
Equipo Prensa
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