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Sandra Toro Jefa de Especialidad de Estudios y Permisos Ambientales, Arcadis

 

José Ignacio Saavedra Abogado ambiental senior, Arcadis

 

Ya pasados 12 años del inicio de las plenas facultades fiscalizadoras y sancionatorias de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), se puede realizar un balance respecto de las tendencias en materia de sanciones ambientales y programas de cumplimiento. En relación a las sanciones, según estadísticas de la SMA sobre el monto total de las multas históricas por categoría, éstas han recaído principalmente en las industria minera y energética, las cuales lideran con un 56 por ciento y un 11,5 por ciento, respectivamente. Le siguen, de lejos, los sectores de agroindustria (7,6 por ciento) y pesca y acuicultura (con un 5,5 por ciento).

 

La misma tendencia han tenido los Programas de Cumplimiento (PDC) aprobados, pues los que involucran los más altos montos de inversión corresponden también a aquellos asociados a proyectos mineros y energía, alcanzando cifras de hasta US $95.8 millones de dólares. Según estadísticas del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, en aproximadamente seis de cada diez procedimientos sancionatorios se presenta un PDC, y en cerca de ocho de cada diez casos, el PDC es aprobado por la SMA.

 

En este contexto, la gestión del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental con enfoque preventivo se ha transformado en una gestión fundamental a considerar por cada titular de proyecto, pues no sólo conlleva un menor riesgo de sanciones ambientales (lo que se podría traducir en evitar, por ejemplo, altas multas, paralización de obras, revocación de resoluciones, entre otros) sino que además asegura una operación sostenible, que promueve relaciones confiables con la comunidad y las autoridades ambientales.

 

Conocer de manera real el estado del cumplimiento de las medidas, condiciones y demás exigencias emanadas de las resoluciones de calificación ambiental, así como el seguimiento y conocimiento permanente de cada variable ambiental, constituye un desafío que debe asumirse con un mayor estándar e involucramiento. En este sentido resulta fundamental que los titulares generen y mantengan medios de verificación que permitan acreditar de manera fiel, el cumplimiento de sus obligaciones y/o compromisos ambientales. 

 

Del mismo modo es dable indicar, la relevancia que han adquirido los PDC como mecanismo reactivo que incentiva el cumplimiento ambiental, que por cierto evita sanciones en caso de que este se ejecute de manera satisfactoria y, a la vez, permite no solo retornar al cumplimiento de lo infringido, sino que también busca hacerse cargo de los efectos negativos derivados de las infracciones, en caso de que corresponda.

 

En Arcadis por décadas hemos tenido un rol preponderante en la evaluación de proyectos de inversión a nivel nacional, con servicios desde las etapas iniciales de factibilidad ambiental de proyectos, así como en la evaluación y tramitación en el SEIA. Esto, junto a su capacidad profesional y técnica (36 mil colaboradores a nivel global) y herramientas tecnológicas, conforman una base sólida para acompañar a nuestros clientes en las etapas posteriores de las iniciativas, con el propósito de contribuir a gestionar sus proyectos de manera sostenibles con un enfoque preventivo en la gestión del cumplimiento ambiental.

 

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Equipo Prensa
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