En casi todos los diagnósticos sobre seguridad hídrica en Chile, aparece la recarga gestionada de acuíferos como una herramienta clave para enfrentar la sobreexplotación de aguas subterráneas, amortiguar la variabilidad climática y aumentar la resiliencia de los sistemas de abastecimiento. Está en planes, presentaciones y discursos técnicos. Sin embargo, cuando se observa la realidad regulatoria y operativa, la recarga artificial sigue siendo más una idea reiterada que una política pública efectiva.
El ejemplo más claro es reciente: el primer proyecto de recarga artificial aprobado en la cuenca del Maipo fue autorizado recién en marzo de 2025, luego de iniciar su tramitación en marzo de 2023. Dos años completos de permisos para una solución ampliamente promovida como urgente, para apenas infiltrar un caudal de 60 l/s. Además, fue desarrollado por Aguas Andinas, una empresa con capacidades técnicas, financieras y jurídicas que están fuera del alcance de la mayoría de los actores del sistema hídrico.
Este dato revela un problema estructural: si la recarga artificial solo es viable para grandes empresas capaces de absorber procesos largos, técnicamente demandantes y complejos de permisología, entonces no estamos frente a una solución escalable, sino a un instrumento excepcional.
A diferencia de lo que ocurre en países como España, Australia o California —donde la recarga gestionada forma parte de estrategias explícitas de adaptación climática—, en Chile no existen incentivos económicos y prácticos claros para impulsarla. No hay subsidios específicos, créditos blandos ni beneficios regulatorios que reconozcan su valor sistémico. Quien invierte en recarga asume los costos y gran parte de los riesgos, sin certeza de aprobación del proyecto que permita disponer del volumen a infiltrar. El mensaje es claro: la recarga es deseable en el discurso, pero poco efectiva en la práctica.
Otro obstáculo recurrente es el riesgo sanitario y de calidad del agua, utilizado muchas veces para frenar o dilatar proyectos. Si bien estos riesgos existen y deben gestionarse con rigor, en Chile el enfoque ha sido excesivamente precautorio y poco operativo, sin estándares razonables en los protocolos específicos. En experiencias internacionales, el control se basa en monitoreo continuo, barreras múltiples y trazabilidad. Aquí, en cambio, la ausencia de lineamientos de límites posibles de obtener ha derivado en evaluaciones caso a caso largas e inciertas.
A esto se suma una brecha normativa de fondo. El Código de Aguas no concibe la recarga como un uso prioritario ni estratégico del recurso, sino como una figura que debe abrirse paso entre autorizaciones fragmentadas y vacíos regulatorios. Persisten preguntas clave sin respuesta: ¿qué derecho se genera sobre el agua recargada?, ¿cómo se protege esa inversión en el tiempo?, ¿qué ocurre si el acuífero entra en restricción durante la vida del proyecto?
La Dirección General de Aguas, llamada a liderar técnicamente esta materia, sigue operando más desde una lógica de control que desde una visión activa de gestión de acuíferos.
Que el primer proyecto del Maipo haya tardado dos años en aprobarse no debiera celebrarse como un hito, sino leerse como una advertencia. Chile no necesita seguir mencionando la recarga de acuíferos en diagnósticos: necesita convertirla en política pública, con reglas claras, incentivos adecuados a la inversión privada y una institucionalidad que entienda que gestionar acuíferos no es solo limitar extracciones, sino invertir activamente en su sostenibilidad.
Mientras eso no ocurra, la recarga artificial seguirá siendo lo que hoy es: una solución nombrada, pero no implementada.
Eugenio Celedón Correa, socio de Hidrogestión
hidrogestion.com
Equipo Prensa
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