Desde diversos sectores advierten que los eventos extremos ya no solo generan daños inmediatos, sino que comprometen la continuidad del abastecimiento de agua, la competitividad de las pymes forestales y la calidad ambiental. Frente a este escenario, proponen avanzar hacia una estrategia nacional de resiliencia basada en infraestructura preventiva, innovación tecnológica y gestión anticipada.
Los históricos temporales que afectaron recientemente a más de diez regiones del país dejaron cinco personas fallecidas, más de 2.200 damnificados, cerca de 100 mil personas aisladas, cortes masivos de agua potable y electricidad, además de severos daños en infraestructura vial y productiva. La magnitud del sistema frontal llevó al Gobierno a decretar Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, luego de que en La Serena cayeran 79 milímetros de lluvia en una sola jornada, el mayor registro en 39 años.
Más allá de la emergencia inmediata, especialistas sostienen que el episodio dejó en evidencia una vulnerabilidad estructural que exige replantear la forma en que Chile enfrenta los eventos climáticos extremos. Los efectos no solo alcanzan a las ciudades, sino también a sectores estratégicos como el abastecimiento de agua potable, el patrimonio ambiental y las pequeñas y medianas empresas forestales.
Carlos Fredes García, gerente de Negocios de Oneka Technologies, señala que la interrupción de servicios básicos en localidades aisladas demuestra que la continuidad del suministro de agua no puede depender exclusivamente de infraestructura centralizada ni del despliegue de camiones aljibe. Explica que tecnologías descentralizadas de desalación impulsadas por energía undimotriz y solar pueden operar incluso cuando existen cortes eléctricos y problemas de conectividad, permitiendo abastecer directamente a comunidades costeras durante emergencias.
«Las catástrofes climáticas obligan a pensar en sistemas resilientes desde el diseño. La independencia energética, la modularidad y la rápida instalación permiten que estas soluciones mantengan la producción de agua cuando la infraestructura tradicional queda fuera de servicio», afirma.
A esta vulnerabilidad se suma un riesgo menos visible, pero igualmente relevante. José Manuel Bellalta, gerente general de Grupo GB CINCO, advierte que las lluvias extremas pueden movilizar contaminantes acumulados durante décadas en antiguos sitios industriales, faenas mineras, vertederos o suelos degradados, afectando ríos, esteros, acuíferos y ecosistemas.
«Responder a la emergencia ya no es suficiente. La resiliencia comienza antes del temporal mediante la identificación de sitios potencialmente contaminados, el monitoreo permanente y la aplicación de tecnologías de remediación que impidan la dispersión de contaminantes», sostiene Bellalta. Entre ellas menciona la estabilización de suelos, sistemas de tratamiento de aguas subterráneas, modelación hidrogeológica y monitoreo avanzado.
El impacto también alcanza al sector forestal. Ignacio Vera Izquierdo, gerente general de Forestal Santa Blanca, explica que las intensas lluvias, la saturación de los suelos y los fuertes vientos provocaron daños en plantaciones próximas a cosecha, paralización de faenas y deterioro de caminos, puentes y sistemas de drenaje, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas forestales por su menor capacidad financiera para recuperarse.
«Hoy la infraestructura forestal debe entenderse como infraestructura estratégica de adaptación al cambio climático. Caminos resilientes, drenajes adecuados, restauración de cuencas, conservación del bosque nativo y sistemas de alerta temprana no solo protegen la actividad productiva, sino también a las comunidades rurales y la conectividad regional», señala Vera.
Los recientes temporales confirman una tendencia que diversos estudios ya advertían: Chile enfrentará eventos climáticos más intensos, extensos y simultáneos, lo que obliga a fortalecer la infraestructura preventiva y la planificación territorial. De hecho, entre 1990 y 2021 cerca de 1.200 tramos de caminos sufrieron interrupciones por eventos hidrometeorológicos, afectando más de 36.000 kilómetros de infraestructura vial, mientras distintas propuestas de resiliencia climática plantean inversiones cercanas a US$ 1.130 millones durante la próxima década para reducir la vulnerabilidad del país.
La experiencia sísmica demostró que la inversión preventiva salva vidas y reduce pérdidas económicas. Chile necesita aplicar esa misma lógica frente a los riesgos climáticos, integrando infraestructura resiliente, innovación tecnológica, monitoreo ambiental y gestión anticipada como parte permanente de las políticas públicas.
Equipo Prensa
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