- La Ley N° 21.719 entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026 y fija multas de hasta 20.000 UTM (cerca de $1.400 millones) para las infracciones más graves.
- La nueva Agencia de Protección de Datos Personales podrá investigar de oficio, sancionar y exigir medidas correctivas a las organizaciones que incumplan la normativa.
La filtración de datos dejó de ser un problema exclusivo de las grandes corporaciones. Hoy, una base de clientes mal resguardada, un archivo Excel enviado por error o una credencial comprometida puede transformarse en una crisis reputacional, legal y financiera para cualquier organización, sin importar su tamaño.
El escenario actual es especialmente relevante, en solo seis meses más comenzará a regir en plenitud la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, que moderniza por completo el marco regulatorio chileno, crea una Agencia de Protección de Datos Personales con facultades de fiscalización y sanción, y establece multas que pueden alcanzar las 20.000 UTM —cerca de $1.400 millones— para las infracciones más graves, monto que puede triplicarse en caso de reincidencia.
La nueva regulación surge en un contexto donde las empresas almacenan más información que nunca: nombres, RUT, teléfonos, correos electrónicos, historiales de compra, datos financieros e incluso información sensible relacionada con salud o biometría.
“Muchas organizaciones siguen pensando que una filtración de datos es un problema tecnológico. En realidad, hoy es un riesgo de negocio que debe estar en la agenda del directorio. Cuando se expone información de clientes, la empresa no solo enfrenta posibles sanciones: también están en juego la confianza, la reputación y las relaciones comerciales construidas durante años”, explica Kenneth Daniels, gerente general de Widefense.
La nueva normativa incorpora estándares similares a los utilizados en Europa y establece obligaciones más estrictas para las organizaciones que recopilan, almacenan y procesan información personal. Entre otros aspectos, las empresas deberán demostrar que cuentan con medidas adecuadas para proteger los datos que administran y notificar oportunamente cualquier vulneración de seguridad.
“La consecuencia más inmediata suele ser la pérdida de confianza. Cuando un cliente siente que su información quedó expuesta, la percepción de seguridad cambia por completo. Recuperar esa confianza puede tomar años y, muchas veces, termina siendo más costoso que cualquier multa”, señala Daniels.
El riesgo también se ha ampliado producto de la digitalización acelerada de los procesos. Hoy una filtración puede originarse por errores humanos, configuraciones incorrectas, robo de credenciales, proveedores externos o, cada vez con mayor frecuencia, el uso no controlado de herramientas de inteligencia artificial para procesar información de clientes.
Para Widefense, uno de los principales desafíos es que muchas organizaciones todavía enfocan la ciberseguridad desde una lógica reactiva. “Lo que vemos frecuentemente es que las empresas invierten después de un incidente. El problema es que cuando los datos ya se filtraron, el daño ya ocurrió. La conversación debería estar centrada en resiliencia, monitoreo continuo y capacidad de respuesta antes de que ocurra una crisis”, afirma Daniels.
“Las empresas ya no compiten únicamente por productos o servicios; también compiten por confianza. En un entorno digital, proteger la información de los clientes se está convirtiendo en uno de los principales activos estratégicos de cualquier organización”, concluye Daniels.
Frente a este escenario, Widefense ha estado trabajando con organizaciones en Chile y la región en evaluar su nivel de preparación ante este tipo de riesgos, bajo un enfoque de resiliencia y mejora continua.
Equipo Prensa
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