El proyecto Dominga se encamina a cerrar un ciclo de tramitación que se ha extendido por más de una década, transformándose en un caso ilustrativo de los costos asociados a la incertidumbre regulatoria en Chile. La propuesta de rediseño ambiental impulsada por el Gobierno abre un espacio para abordar, en este contexto, brechas estructurales del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Con una inversión estimada de US$ 2.500 millones, Dominga refleja cómo la ausencia de plazos efectivos y la superposición de instancias administrativas y judiciales pueden afectar la materialización de proyectos de alta intensidad de capital. Más allá de este caso, la señal hacia el mercado es relevante: la predictibilidad regulatoria constituye un factor determinante en la asignación de inversiones, particularmente en sectores como minería y energía.
Desde el punto de vista regulatorio, uno de los principales desafíos del SEIA radica en la coexistencia de componentes técnicos con espacios de discrecionalidad política. La revisión del rol de estas instancias resulta clave para reducir la volatilidad en las decisiones y mejorar la consistencia del sistema. Sin embargo, la simplificación de procedimientos debe resguardar la calidad técnica de las evaluaciones, dado que debilidades en esta etapa tienden a trasladarse a procesos de judicialización posteriores.
La evidencia reciente muestra que la judicialización se ha convertido en un factor crítico en la extensión de los plazos. Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que no logran sostenerse en sede judicial incrementan la incertidumbre y los costos de transacción. En este contexto, fortalecer la robustez técnica y jurídica de las decisiones iniciales aparece como una condición necesaria para mejorar la eficiencia del sistema.
Un rediseño efectivo también requiere abordar restricciones de capacidad institucional. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) operan con limitaciones de recursos que inciden tanto en los tiempos de evaluación como en la calidad de la fiscalización. Desde una perspectiva económica, una mayor inversión en estas capacidades puede generar retornos relevantes en términos de reducción de incertidumbre y aceleración de proyectos.
Asimismo, instrumentos como la ventanilla única apuntan a reducir costos de coordinación y duplicidades regulatorias, facilitando la tramitación sin necesariamente relajar estándares. Este tipo de mecanismos resulta especialmente relevante para proyectos vinculados a litio, hidrógeno verde e infraestructura energética, donde la oportunidad de mercado está sujeta a ventanas temporales acotadas.
Con todo, la eficiencia regulatoria no puede disociarse de la legitimidad social. Procesos de participación ciudadana y consulta indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT, siguen siendo variables críticas para la viabilidad de largo plazo de los proyectos. Su adecuada integración en etapas tempranas permite reducir riesgos de conflicto y, por ende, costos asociados a paralizaciones.
El caso Dominga, en conjunto con la discusión sobre el SEIA, pone en evidencia un punto central: avanzar hacia un sistema que entregue certeza regulatoria, reduzca la discrecionalidad y fortalezca las capacidades institucionales no solo es una agenda ambiental, sino también una condición habilitante para la inversión y el crecimiento económico.
Felipe Martin Cuadrado Director Ejecutivo MAS Recursos Naturales
Equipo Prensa
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