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En entrevista con Portal Innova, el abogado Gonzalo Delaveau explica que “en la búsqueda de nuevas fuentes de acceso al agua, todas las alternativas son útiles y, si bien las leyes de Pareto nos llevan a enfocarnos más en el desarrollo de desaladoras, creemos que hay mucho que hacer en términos de promoción del reúso, sobre todo a nivel doméstico donde además se cumple el doble efecto de eficientar el consumo y concientizarnos a todos respecto del cuidado del agua.”

 

De acuerdo al informe final de la Mesa Nacional de Agua de 2022, compuesta por actores del sector público y privado, se llegó a la conclusión de que hay tres temáticas claves en el desarrollo de los distintos desafíos nacionales en materia de agua: el financiamiento, la educación y la información. Un ejemplo de esto, según sentencia el documento, es que se requiere una “modificación de distintos cuerpos normativos para incentivar mejoras de eficiencia hídrica desde distintos ámbitos.”

Sin embargo, los avances regulatorios señalados recién comenzaron a ser abordados por la autoridad. El socio fundador de HD Legal y presidente del Comité de Aguas de la International Bar Association, Gonzalo Delaveau, indica que es “importante reconocer a la llamada ‘Ley Corta de Desalación’ como un avance positivo que habilita una nueva alternativa para el desarrollo de infraestructura desalinizadora mediante concesiones de obra pública”. 

¿Qué es lo más destacable de la Ley Corta de Desalación?

“Se trata de un mecanismo ampliamente conocido en Chile, que permitió grandes avances en infraestructura a partir de los años 90 y que habilita un valioso punto de encuentro entre los lineamientos del sector público y la ejecución del mundo privado. Pero también es sabido que el hecho que se trate de una iniciativa pública no la sustrae de los requerimientos regulatorios a los que debe enfrentarse la empresa privada en el desarrollo de este tipo de proyectos y que muchas veces se transforma en ‘un impuesto más que no recauda’, en palabras del propio Presidente», advierte el abogado.

Por lo mismo, agrega que, precisamente, “el desafío —y complemento perfecto de esta nueva herramienta— es dotar de agilidad y certeza a la institucionalidad de evaluación ambiental y permisos, de forma que los efectos de la anunciada desaladora de Coquimbo se puedan ver en un plazo razonable y no se repitan experiencias, por ejemplo, como las de los embalses. Lamentablemente, otras iniciativas se han visto empañadas por algunos anuncios que más que despejar dudas e incertidumbres las crean.” 

Chile lleva más de 15 años en periodo de sequía ¿Por qué nos hemos demorado tanto en tener una política nacional de desalación y reúso de aguas? 

“Es muy fácil mirar hacia atrás y aventurar una crítica a lo público o lo privado de porqué un problema tan crítico como la sequía no se ha abordado adecuadamente. Por eso, más que identificar causas o responsabilidades en personas, instituciones o sectores productivos, quisiera reflexionar sobre el concepto de ‘sequía’. Es que quizá después de 15 años debiéramos replantearnos si seguir llamando sequía a un fenómeno que dejó de ser excepcional y se transformó en una condición de base para Chile”, explica Delaveau.

¿Qué ocurre en el ámbito del reúso de aguas? ¿Faltan incentivos regulatorios?

En este aspecto el socio fundador de esta importante firma de abogados y con más de 30 años de experiencia en materia de energía, minería y recursos naturales, es tajante. “Definitivamente faltan incentivos. En la búsqueda de nuevas fuentes de acceso al agua, todas las alternativas son útiles y, si bien las leyes de Pareto nos llevan a enfocarnos más en el desarrollo de desaladoras, creemos que hay mucho que hacer en términos de promoción del reúso, sobre todo a nivel doméstico donde además se cumple el doble efecto de eficientar el consumo y concientizarnos a todos respecto del cuidado del agua. También creemos que hay tremendas oportunidades de mejora en aquellas ciudades costeras donde hoy la institucionalidad permite descargas de aguas servidas al mar –previo tratamiento primario— y, en paralelo, exige estándares tremendamente altos al desarrollo de plantas desaladoras cuya pluma salina presenta impactos sumamente acotados.”

Si hablamos de “nuevas aguas para Chile” ¿cuál es el factor clave que resume una solución regulatoria para avanzar en esta materia?

“En nuestra experiencia, todo procedimiento de evaluación ambiental significa un proceso intensivo en tiempo, capital y dificultades, pero cuando se trata de proyectos que tengan alguna interacción con el borde costero, el tiempo, el capital y las dificultades se multiplican por 2 o más. ¿Porqué? Difícil aventurar una respuesta, pero estamos convencidos que se debe poner foco en agilizar las tramitaciones y entregar reglas que provean de certezas a los titulares, financistas y a toda la ciudadanía”, concluye el abogado.

 

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Equipo Prensa
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