Sistema alimentario: Chile entra a fase decisiva para ejecutar su agenda regulatoria sin tensionar inversión ni competitividad

Sector público, industria y organismos internacionales coincidieron, en un encuentro organizado por la Embajada de Suecia y Tetra Pak, en que el país ya cuenta con un marco normativo amplio en alimentos, sostenibilidad y circularidad. El desafío ahora es evitar superposiciones, dar certidumbre y transformar esa arquitectura en implementación efectiva.

Santiago, octubre de 2026. Chile entró en una nueva etapa en materia de su sistema alimentario. Si en los últimos años la discusión estuvo centrada en el diseño de políticas y en la elevación de estándares, hoy el foco empezó a desplazarse hacia un desafío más decisivo: cómo implementar ese marco regulatorio sin aumentar la incertidumbre, elevar costos, ni frenar la inversión.

Esa fue una de las principales conclusiones del encuentro “Chile 2030: El futuro del sistema alimentario”, organizado por la Embajada de Suecia en Chile y Tetra Pak, donde representantes del sector público, organismos internacionales y la industria coincidieron en que el país ya no enfrenta un vacío normativo, sino un desafío de coordinación, secuencia y ejecución.

La conversación se dio en el marco de la presentación del informe “Chile Food Systems Policy”, realizado por Tetra Pak, que concluye que Chile ha construido una arquitectura robusta en materias como alimentos, agua, energía, clima y circularidad, pero que ahora enfrenta una etapa crítica: lograr que esa estructura funcione de manera coherente, predecible y aplicable.

En la instancia, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, señaló que “Chile ha avanzado de manera importante en el diseño de políticas vinculadas a la alimentación, agricultura sostenible, la nutrición y el desarrollo rural. Sin embargo, hoy se requiere principalmente coordinación, implementación efectiva y una visión compartida entre los distintos actores que forman parte del sistema alimentario”. Añadió que “hoy en día, las universidades y centros de investigación tienen mucho que aportar en materia de investigación de nuevas alternativas. Pero si eso no se vincula con quienes implementan estos estudios, se avanza muy lento en el desarrollo de nuevas tecnologías de corrección al sistema agroalimentario”.

La embajadora de Suecia en Chile, Sofía Karlberg, sostuvo que “la próxima etapa dependerá menos de diseñar nuevas políticas y más de convertir las políticas existentes en resultados concretos”. Desde la experiencia sueca, agregó que sostenibilidad y competitividad no son objetivos opuestos, sino dimensiones que pueden reforzarse mutuamente.

Por su parte, Laura Villa, Head of Corporate Affairs de Tetra Pak para Cono Sur, América Central y Región Andina, afirmó que “la arquitectura regulatoria en Chile ya existe. Lo que viene, y lo más importante ahora, es su implementación. Y entre 2026 y 2028 se definirá su impacto real”. Según explicó, esta etapa exigirá tres condiciones clave: previsibilidad, para facilitar la planificación de inversiones; coherencia, para evitar exigencias duplicadas o contradictorias; y proporcionalidad, para no generar barreras innecesarias, especialmente para actores de menor escala.

Uno de los ejes del debate fue que el sistema alimentario chileno opera sobre una base exportadora sólida, pero cada vez más expuesta. El informe advierte que, en 2025, las exportaciones silvoagropecuarias alcanzaron US$ 20.560 millones, cuatro veces más que en 2000. Sin embargo, ese desempeño convive con vulnerabilidades como la alta concentración en Asia, el peso de China como principal destino exportador y presiones crecientes asociadas al estrés hídrico, el cambio climático y la dependencia de insumos importados.

Tras la presentación del estudio, se realizó una mesa redonda con Leopoldo del Barrio, Oficial de Inocuidad y Calidad de los Alimentos y de Mejor Nutrición de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe; Carolina Pizarro, gerenta de Sustentabilidad de AB Chile; y Alejandro Chan, Director General de Tetra Pak Cono Sur. Durante la conversación surgió una coincidencia transversal: gran parte de las tensiones futuras no vendrá de la falta de regulación, sino de una implementación fragmentada. El informe advierte que la superposición de exigencias, sumada a distintos calendarios de aplicación y brechas institucionales o territoriales, puede traducirse en mayores costos, más incertidumbre y postergación de inversiones.

Sobre los pasos más importantes que Chile debería dar para fortalecer su sistema alimentario con mirada a 2030, Carolina Pizarro planteó que el país necesita una mayor alineación entre política pública y operación. “Es muy importante que las políticas vayan de la mano con la operación y que exista algún mecanismo para medir la eficiencia de estas políticas públicas a lo largo del tiempo. Eso es crucial, porque nos permite ir generando una hoja de ruta real”, señaló.

Alejandro Chan sostuvo que “para avanzar hacia 2030 necesitamos políticas estables, una visión integral de la cadena y mecanismos que permitan evaluar su implementación y hacer los ajustes necesarios. No se trata de reacomodar todo, sino de identificar qué funciona y qué debemos modificar”. Añadió que también es clave lograr que cada actor pueda reconocer los beneficios de la aplicación de estas políticas a lo largo de la cadena. “Cuando las políticas se traducen en mayor productividad, eficiencia y competitividad, su implementación es más fácil y rápida, y su impacto es más sostenible”. 

Desde la FAO, Leopoldo del Barrio agregó que uno de los desafíos más relevantes es la gobernanza de la coordinación intersectorial. En ese sentido, afirmó que “hay que buscar mecanismos efectivos de coordinación intersectorial que permitan esa interrelación de competencias para articular realmente las políticas entre los sectores”. Añadió que esos mecanismos deben contar con validación política y sustento jurídico, ya que de lo contrario los esfuerzos de coordinación tienden a diluirse. “Ahí se ha empezado a trabajar en la región en lo que llamamos legislación o regulación intersectorial, justamente para facilitar el intercambio de competencias entre los diferentes marcos institucionales. Creo que esa es una prioridad fundamental”, sostuvo.

Agenda 2030

Los panelistas coincidieron en que la agenda hacia 2030 debiera concentrarse en adaptación al cambio climático, gestión del agua, eficiencia hídrica y energética, reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, innovación y fortalecimiento de capacidades territoriales y productivas. También se relevó la necesidad de avanzar en acceso a dietas saludables y en la implementación de la nueva Política de Inocuidad y Calidad Alimentaria 2026-2036.

La principal conclusión del encuentro fue que el siguiente salto del sistema alimentario chileno no dependerá tanto de nuevas definiciones regulatorias como de la capacidad de ejecutar con coordinación, certeza y visión de largo plazo. La fase que comienza ahora, advirtieron los participantes, será clave para evitar que la complejidad normativa termine jugando en contra de la inversión, la innovación y la competitividad de un sector estratégico para el país.

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